En el transcurso de 15 días, el presidente López Obrador ha sido ovacionado y reprobado por los crímenes de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, y de Ernestina Ascencio Rosario, una indígena septuagenaria salvajemente ultrajada por militares en la sierra de Zongolica. 

Al caso de la mujer náhuatl, Regina le dio puntual seguimiento como reportera. Todavía a principios de noviembre de 2011, seis meses antes de ser asesinada en su casa de Xalapa, la periodista publicó que el caso de Ernestina Ascencio iba a ser enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en virtud de que se agotaron todos los procedimientos legales en las instituciones mexicanas “sin ningún resultado en la aplicación de la justicia”, según le había informado Julio Atenco Vidal, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), quien le anticipó que Carmen Herrera y Pilar Noriega, de la Asociación de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos, preparaban ya el recurso correspondiente para presentarlo ante el organismo internacional.  

Este crimen levantó mucha ámpula en las altas esferas gubernamentales, motivando incluso actos de intimidación y acoso legal en contra del reportero Rodrigo Vera, compañero de Regina en Proceso, quien en enero de 2008 fue citado a declarar por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz por el uso de una fotografía de la autopsia de Ascencio Rosario.

Y es que en el punto tres de la Recomendación 34/2007 sobre este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había recomendado investigar “la presunta responsabilidad de quién o quiénes hayan difundido indebidamente una foto del cuerpo de la persona que en vida respondió al nombre de Ernestina Ascencio Rosario, obtenidas durante la práctica de la necropsia”.

Sin embargo, por otros casos similares, la misma CNDH había emitido en agosto de 2004 otra recomendación dirigida al Procurador General de la República, al Procurador de Justicia Militar, gobernadores y alcaldes para evitar la intimidación que significa citar a periodistas para que revelen sus fuentes. En esa ocasión se consideró que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz también violaba un principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, de la cual México es signatario, que en su punto 8 señalaba que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

El 19 de noviembre pasado, el presidente López Obrador fue ovacionado al comprometerse públicamente a solicitar que se reabriera la investigación por el crimen de Regina, pero 15 días después el mandatario fue severamente cuestionado por activistas, ya que en la audiencia que este viernes 4 de diciembre realizó la CIDH para el análisis de fondo del caso Ernestina Ascencio, funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y de la Cancillería validaron “la vergonzosa verdad histórica usada por el gobierno calderonista para ocultar las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército Mexicano contra una mujer indígena náhuatl de Veracruz”, reprochó, por ejemplo, Rosalba Aída Hernández Castillo, doctora en Antropología e  investigadora del CIESAS, quien abordó este caso en un amplio artículo publicado este domingo en La Jornada, el diario más afín al obradorismo.

La doctora Hernández Castillo, lamentó que “después de 13 años de silencio e impunidad ante uno de los casos más terribles de complicidad estatal con la violencia feminicida”, el gobierno del presidente López Obrador, representado por el funcionario de la Fiscalía General de Veracruz, Hernán Cortés –de quien, dijo, “hizo honor a su nombre”–, por el secretario ejecutivo del IVAI, Daniel Adalberto Pereyra, y por el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Christopher Ballinas Valdés, “validaron las mentiras con las que el gobierno de Felipe Calderón protegió al Ejército”.

La antropóloga nativa de Ensenada, Baja California, señaló que “a diferencia de la postura asumida por este gobierno ante la verdad histórica del caso Ayotzinapa, en el caso de Ernestina Ascencio se optó por sellar el pacto de complicidad con la institución castrense validando las versiones que descalifican el testimonio de la víctima y de sus familiares”.

 “(…) Contextualizando la agresión a Ernestina Ascencio en el marco del impacto que la militarización ha tenido en las comunidades indígenas de la zona de Zongolica, se narró ante las comisionadas cómo el 25 de febrero de 2007 la víctima fue encontrada malherida por familiares y vecinos de la comunidad indígena de Tetlacinga, en las inmediaciones del 63 Batallón de Infantería, en la 26 Zona Militar en Veracruz. Denunciando el racismo institucional del sistema de salud mexicano, narraron que antes de morir en un hospital privado, y después de que se le negara la atención en una clínica pública, la señora Ernestina responsabilizó a efectivos del Ejército de la agresión sufrida.

“Las irregularidades del proceso fueron descritas paso a paso: como la primera valoración hecha por una médico forense en Orizaba, que certificaba la violación sexual y la muerte a consecuencia de la violencia perpetrada contra la víctima, fue desestimada por la Fiscalía. Después la necropsia realizada por el médico Juan Pablo Mendizabal, indicó traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales, anemia aguda y ratificó la violación sexual, también fue pasada por alto. Ambos médicos fueron despedidos y recibieron amenazas de muerte. Paradójicamente, el fiscal Hernán Cortés, se refirió a estos despidos como una respuesta institucional ante las irregularidades del caso.

“Poco después un médico militar realizó una segunda autopsia que desestimó los informes anteriores y certificó muerte por gastritis. El 13 de marzo de 2017, el entonces Presidente Felipe Calderón, declaró que se trataba de una muerte por gastritis aguda. Esta intervención presidencial, en medio de la investigación, marcó la ruta judicial llena de irregularidades y violaciones al debido proceso, que llevó al cierre apresurado del caso el 17 de mayo de 2007.

“Ante los testimonios de las peticionarias, las comisionadas Julissa Mantilla, Mary Maculey, Antonia Urrejola y Esmeralda Arosamena no podían ocultar su sorpresa frente a esta historia kafkiana que los representantes del Estado mexicano, insistían en validar. ¿Por qué desestimaron las autopsias que certificaban la violación y dieron prioridad a una autopsia que implicó exhumar un cuerpo que ya había sido limpiado y enterrado? ¿Por qué el presidente en turno se pronunció sobre un caso que tenía una investigación penal abierta? ¿Con qué argumentos el IVAI pudo negar el acceso a la información para un caso de violaciones a los derechos humanos? Cada pregunta iba poniendo en evidencia el vergonzoso papel que los representantes estatales decidieron jugar.

“El papel del Estado mexicano ante la CIDH, parece ratificar una vez más la existencia de una alianza del gobierno con la institución militar. La misma que llevó a la cancillería a negociar la repatriación del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, evitando que la justicia estadunidense lo juzgara por su participación en la redes del narco. Se ha optado por repetir una verdad histórica que lastima la memoria de Ernestina Ascencio y crea las condiciones para que la violencia sexual y el feminicidio sigan afectando la vida de las comunidades indígenas. Esperamos que la justicia internacional haga lo que la justicia nacional no ha logrado: poner un alto a la impunidad y develar la verdad que el gobierno ha decidido continuar ocultando”, concluyó en su artículo periodístico la investigadora del CIESAS.

REVÉS DE NOTARIOS A CISNEROS 

Acaba de realizarse la elección del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz para el bienio 2020-2022 y, según nos cuentan, el que se llevó tremendo revés fue el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien junto con la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns –titular de la Notaría número 5 de Santiago Tuxtla con licencia y ex tesorera del Colegio de Notarios (2015-2016)–, habrían impulsado fallidamente la candidatura de María Guadalupe Vázquez Mendoza, titular de la Notaría Pública número 26 del Puerto de Veracruz, quien era apoyada también por varios fedatarios ligados al ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. 

El candidato vencedor, con 36 votos de ventaja, fue Adolfo Montalvo Parroquín, titular de la Notaría 44 de Tlalixcoyan, el cual sustituirá en la presidencia a Yohan Hillman Chapoy, de Coatzacoalcos. 

La planilla de Montalvo la integran los titulares de las siguientes Notarías: Héctor Manuel Sánchez Galindo, de la número 2 de Tuxpan, como Vicepresidente; Alfonso Díaz Lozada, de la número 19 de Banderilla, como Secretario; Alfonso Herrera Cantillo, de la número 21 de Agua Dulce, como Prosecretario; Clara Elena Sánchez ballesteros, de la número 2 de Tantoyuca, como Tesorera; María Fernanda Troncoso Coutiño, de la número 23 de Las Vigas, como Protesorera; Natalio Alejandro Arrieta Martínez, de la número 30 de Coatzacoalcos, como Vocal de Mutualidad; Joel López García, de la número 6 de Xico, como Vocal de Proyectos Legislativos, y Minerva Cobos Lucero, de la número 27 de Atoyac, como Vocal Académica.