En noviembre del 2019 todo era algarabía.
Al acudir a la glosa del primer informe de gobierno, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco aseguraba que la reestructuración de la deuda pública de Veracruz había sido “un éxito” porque –entre otros logros- se habían reducido los intereses sin ampliar los plazos (es decir quedaban a 20 años); no se incrementaba el monto de los créditos, y de forma adicional se habían logrado “liberar” (esto es, tener en disponibilidad) 6 mil 700 millones de pesos durante los siguientes 5 años, generando una liquidez financiera de 3 mil 700 millones de pesos.
No dejó pasar la oportunidad -¡por supuesto!- para recetarse una dosis de auto-elogio, pues apuntó que “con orden y disciplina financiera” se estaba logrando la viabilidad que requería el estado: “antes se utilizaba la licuadora, se jineteaban los recursos de los municipios, se usaban sin apego a ley, ahora se entregan puntualmente y se privilegia el orden”.
Un año después, y luego de múltiples créditos a corto plazo (de esos que no requieren el aval del Congreso) el discurso ya no fue tan festivo.
El propio Lima Franco, una vez más ante los legisladores locales, admitió que la “exitosa” reestructuración había significado, en números netos, una reducción de la deuda de tres mil millones de pesos. Esto es, que había pasado de 44 mil, millones, a 41 mil millones de pesos.
Ahí mismo el servidor público (quien mantiene sus veladoras encendidas para conseguir que lo anoten en la sucesión local del 2024) tuvo que admitir que para cumplir los compromisos de fin de año (sueldos, pensiones y aguinaldos) tendrían que recurrir a ¡oootro crédito!
¿La culpa?
El déficit presupuestal y la falta de liquidez.
El déficit es aquel del que habló en su momento el entonces senador y Presidente de la Comisión de Hacienda, José Yunes Zorrilla, y que calculaba –en 2017- en el orden de los 9 mil millones de pesos anuales.
¿Qué significa?
Que año con año el gobierno gasta más dinero del que recibe. Esto sucedió durante los gobiernos priistas, con el bienio panista y sigue pasando en la administración de Cuitláhuac García, de Morena.
José Luis Lima presume que para tapar esos hoyos financieros ya no se recurre a la “licuadora”. No, ahora se resuelve créditos quirografarios (préstamos a corto plazo).
En realidad la única solución real, viable, legal, es gastar menos, para que los egresos y los ingresos se emparejen. Por más que presuma “ahorros” y reducciones en el gasto, los cierto es que esta administración sigue gastando más de lo que recibe.
La falta de liquidez la justifica el funcionario con los mismos argumentos que utilizaríamos cualquiera de nosotros frente al abonero: “es que todavía no me depositan, no debe pasar de hoy; aguánteme tantito”.
Así, el argumento del gobierno estatal es que los recursos de la Federación se reciben “en plazos que no coinciden con el pago de quincenas”.
No, el semblante de José Luis Lima Franco ya no fue de algarabía. Hizo notar que tenía pendientes los pagos de las “abultadas” –desde su óptica, claro está- prestaciones a sindicatos de maestros y el subsidio por 3 mil 300 millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
No pasó mucho tiempo para aplicar su “mágica solución”.
Este martes el gobernador Cuitláhuac García anunció ¡oootra! reestructuración de la deuda, que le representaría al Estado una reducción de sus pasivos por dos mil 900 millones de pesos.
¡Excelente noticia!
Sólo que hay un “pero”.
De lo “recuperado”, esta misma administración tomará dos mil millones de pesos: “Es que, ya ven. Con eso de la pandemia, nos han salido otros gastos”.
Dicen que no es lo mismo… pero es igual.
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Epílogo.
Bien dicen que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. En el Poder Judicial son varios los que pretenden aprovechar los conflictos internos para apoderarse de posiciones estratégicas. *** Ya en este espacio habíamos hablado del caso del Consejero Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien se asumió como “el poder tras el trono” y operó para colocar a miembros de su equipo en posiciones estratégicas, sin importarle que no cubrieran el perfil o que no conocieran la responsabilidad que habrían de asumir. *** Ya surgió otro caso. Se trata del magistrado Andrés Cruz Ibarra, también integrante del Consejo de la Judicatura, quien está presionando a jueces, secretarios y otros servidores públicos del Poder Judicial, con el fin de que renuncien y le permitan a él colocar a su gente. Hace falta un fuerte golpe en el escritorio, para poner orden en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Quién dice “Yo”?
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