El jueves 28 de enero pasado, la maestra Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado, ya tenía todo listo para cumplir puntual y legalmente con la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.

Sin embargo, de última hora, habría recibido del Congreso local una petición supuestamente acordada entre las fuerzas partidistas representadas en la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, líder de la bancada de Morena en la LXV Legislatura local: que se aplazara la entrega de estas auditorías hasta después de las elecciones locales y federales de junio próximo. 

Y es que se presume que los diputados querían evitar el golpeteo en las campañas electorales por las observaciones que el ORFIS estaría por hacer a los entes fiscalizables, entre los que figuran obviamente dependencias del gobierno estatal de Morena y de ayuntamientos presididos principalmente por alcaldes del PAN, PRI y PRD.

Pero, para ello, no fueron los legisladores los que se atrevieron a dar la cara y apechugar el costo político de esta decisión, sino que fraguaron que fuese la auditora general del ORFIS la que solicitara formalmente a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, mediante oficio, una segunda prórroga con el pretexto de la pandemia, tal como ya lo había hecho en octubre del año pasado.

Obviamente a la maestra González Cobos le llovieron críticas por este nuevo aplazamiento, exponiéndola ante la opinión pública como incapaz.

No conforme con este daño a la credibilidad y certeza del Órgano de Fiscalización Superior y su titular, casi mes y medio después, el pasado 18 de marzo, el diputado Gómez Cazarín volvió a dejar en entredicho al ORFIS al cuestionar que, por “arte de magia”, en ocasiones a algunos Ayuntamientos se les hacen observaciones de 7 u 8 millones de pesos “y después las obras aparecen y queda todo solventado”.

Eso sí, declaró que no dudaba del trabajo de la auditora general del ORFIS, pero lo cierto es que sembró la duda. 
Sólo que en esta ocasión, ante la gravedad de la insinuación, la maestra González Cobos no dejó que crecieran las sospechas y respondió que el ORFIS no está para solapar ningún ilícito en los procesos de revisión de las Cuentas Públicas y mucho menos si se cometen desde adentro del órgano fiscalizador.

Al rechazar que el ORFIS desaparezca “por arte de magia” observaciones de presunto daño patrimonial, la auditora general explicó que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas establece una primer fase de solventación con “resultados preliminares”, y que si existen observaciones de presuntas irregularidades entonces se emiten los pliegos de observaciones, las que en una segunda etapa los entes fiscalizables tienen la oportunidad de presentar documentación para aclararlas y, en muchos de los casos, es ahí en donde se solventa el supuesto daño patrimonial.

Como ejemplo señaló que algunos Ayuntamientos inician obras y en algunos casos las concluyen, sobre todo en materia hidráulica, sin que aún salga la validación de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) o de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pero que al no tener ese documento al momento de hacer las auditorías, se observan como presunto daño patrimonial.

No obstante, si durante el proceso de solventación de observaciones se libera la validación y la entregan al ORFIS, entonces el daño queda reparado.

En ese sentido, afirmó que los diputados pueden solicitar en cualquier momento una revisión, asegurando que ya se han sostenido reuniones de trabajo sobre todo con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, en las cuales se exhiben los expedientes y se responde a cualquier cuestionamiento, aclarándose cualquier duda que puedan tener.

 “¡Pero qué necesidad!”, diría el extinto Juan Gabriel.

HUEYAPAN, BUEN CANDIDATO

Por cierto, nos dicen que en el municipio de Hueyapan de Ocampo, el terruño natal del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, el nuevo partido político estatal Todos por Veracruz postulará como candidato a la alcaldía al joven abogado Aarón Gómez Domínguez, quien fue registrado formalmente el pasado viernes.

Su anunciada nominación ha despertado buenas expectativas, pues lo consideran una figura fresca que representa no sólo a los productores cañeros sino también al gremio azucarero y a la sociedad civil de ese municipio sureño.

La percepción de entusiasmo y vitalidad mantiene nerviosos a sus oponentes, según nos reportan fuentes enteradas desde la selva cañera del Ingenio Cuatotolapan.