En menos de tres días, la policía estatal se dio vuelo contra decenas de veracruzanos. Lo mismo arremetió contra habitantes del municipio de Maltrata, ubicado en una región asolada por el crimen organizado, que contra pobladores de Comapa, en la zona de las altas montañas, también infestada de delincuentes.
En Maltrata protestaban por el plagio de un joven y, si bien algunos portaban armas –a ese extremo hay que llegar ante la ausencia de garantías de seguridad en la entidad-, no agredieron a nadie.
En Huatusco, los habitantes del vecino municipio de Comapa se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía Regional para exigir la liberación de un joven detenido por la misma policía, que para “dialogar” lanzó gases lacrimógenos y toletazos a discreción contra los inconformes, entre los que se encontraban menores de edad. Hasta a los reporteros que cubrían los hechos les tocó su “tanda” de macanazos.
La violencia y los abusos policiacos han tomado carta de naturalización en Veracruz desde que en el Congreso del Estado se aprobó la reforma al Código Penal que da a los elementos de seguridad pública la potestad de detener a quien se les ponga enfrente bajo el cargo de “ultrajes a la autoridad”, tipo penal violatorio de los derechos humanos que por eso mismo ha recibido múltiples condenas de parte de asociaciones civiles, profesionales del derecho y defensores de garantías individuales. Mismas que el gobierno de Cuitláhuac García simplemente ni ve, ni se digna a oír.
En ese sentido, no sorprenden los resultados reflejados por el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 de World Justice Project, organismo que durante más de una década ha aplicado encuestas en más de 120 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesión al Estado de Derecho, “a partir de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia”, según se refiere en el resumen ejecutivo del estudio.
De acuerdo con este reporte, en el último año Veracruz retrocedió cuatro lugares en los índices de adhesión al Estado de Derecho, ubicándose en la posición 26 entre los 32 estados de la República con un puntaje de 0.37, donde 1.0 indica el mayor respeto a la legalidad.
Pero al acudir al análisis por factores particulares, el desempeño de la entidad es simplemente desastroso. En materia de límites al poder gubernamental se ubica al fondo de la tabla, ocupando el lugar 32 entre todas las entidades federativas. O sea, el último. Lo que habla de un gobierno fuertemente autoritario, como ha quedado de manifiesto en su respuesta a cualquier expresión de protesta social. Pero no es lo peor.
La entidad también ocupa el último lugar nacional en materia de justicia penal y derechos fundamentales. Y se encuentra en el lugar 30 en el rubro de justicia civil, de acuerdo con este ranking.
Y por si algo faltara, en el rubro referido a la principal “bandera” de los gobiernos de la llamada “cuarta transformación”, Veracruz también ocupa un lugar bajo, mediocre: se ubica en el puesto 24 en el índice de ausencia de corrupción. Ellos, los “honestos”, juran.
Y apenas estamos por ver hasta dónde están dispuestos a llegar para retener el poder como sea en lo que resta de esta semana.
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