Ahora que el gobernador Cuitláhuac García decidió sacudir su gabinete –a finales de junio pasado renunciaron “por motivos personales” los secretarios de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Cadena, y María del Rocío Pérez, de Medio Ambiente–, el mandatario veracruzano debería fijar también su mirada en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV).

 Y es que últimamente han arreciado los rumores de que su titular, Ricardo García Jiménez, estaría solapando graves irregularidades que finalmente podrían ser motivo de fuertes observaciones por parte de los auditores del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado, quienes por más que tratan de proteger al recomendado del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, las evidencias de su enriquecimiento súbito lo delatan.

Según denuncian contratistas que nos piden el anonimato, personal de confianza del director del IEEV estaría pidiendo desde el 10 hasta el 20% de “moche”, dependiendo del monto del contrato asignado, adjudicaciones de obra que presuntamente se realizan de manera simulada, ya que dicen que suelen concursar tres empresas que de manera deliberada presentan presupuestos elevados para favorecer al constructor previamente aprobado.

Uno de los supuestos encargados de presionar a los constructores para el pago del porcentaje pactado sería el subdirector Administrativo, Hugo Luis Martínez Bouzas, quien por la delicada misión extraoficial encomendada dicen que se comporta de forma prepotente y patán. Como supuesta cómplice de este personaje señalan a Guadalupe Iveth Xilot Pale, jefa del Departamento de Recursos Financieros. Además de sus tratos discrecionales con los constructores, a esta pareja la acusan de generar un ambiente de hostigamiento laboral hacia los empleados incómodos con el aparente propósito de obligarlos a renunciar, pues alardean que cuentan con la autorización de Randolph Tapia Salgado, actual director general de Fideicomisos y Desincorporación de Activos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, un ex priista ligado a Eleazar Guerrero, poderoso subsecretario de la Sefiplan, el cual aspiraba desde el inicio de la actual administración a la titularidad de la Sedarpa, cargo al que acaba de dimitir Cadena Cerón. Sin embargo, ahora el gobernador Cuitláhuac García volvió a ignorar a Tapia Salgado y en lugar de Cadena designó al joven ingeniero pozarricense Evaristo Ovando Ramírez, quien se venía desempeñando como jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil.

 Pero nos dicen que eso no es todo. Martínez Bouzas y Xilot Pale, en su afán de ganar espacios en la estructura del IEEV, habrían difundido la ficha delictiva del ingeniero Rosendo Hernández Hernández, oriundo de Tantoyuca, quien en diciembre de 2018 fue acusado de violación en agravio de la niña indígena María “N”, de 12 años de edad; delito grave del que logró salvarse de ser procesado penalmente al negociar con la madre de la víctima, ambas vecinas de la comunidad de La Laja, de ese municipio de la Huasteca veracruzana.

Rosendo es actualmente el operador del subdirector de Construcción, Oscar Hernández Vázquez; él es quien se encarga de avalar los avances de obra de los contratistas para la autorización de sus pagos.

Vamos a ver si el gobernador revisa estos espacios “lucrativos”.

DOS CASOS TRÁGICOS

Este jueves trascendió que Omar Ramírez, alcalde electo de Cazones de Herrera, se habría suicidado en su celda de un centro penitenciario de Oaxaca, donde fue recluido al imputársele la presunta autoría intelectual del crimen de René Tovar, el candidato de Movimiento Ciudadano que fue asesinado dos días antes de la elección del pasado 6 de junio.

Pero la violencia política continúa en la zona norte de Veracruz a pesar de que los comicios municipales ya pasaron.

Y es que la tarde del pasado miércoles 30 de junio fue ejecutado a balazos el ex diputado federal de Poza Rica, Nicanor Martínez Olguín, quien por unos meses ocupó este cargo al ser suplente de Leonardo Amador Rodríguez, alias “Naro”, quien pidió licencia de su cargo para buscar la presidencia municipal de Poza Rica.

Nicanor Martínez Olguín fue ejecutado cuando llegaba a su casa localizada en la localidad de Guayabal, del municipio de Tihuatlán, acompañado de su esposa Estefanía Galassi Gómez, y de su menor de tres años, quien resultó ileso. Su cónyuge recibió dos balazos, por lo que fue intervenida quirúrgicamente.

Martínez Olguín incursionó en la actividad política en el proceso electoral estatal de julio del 2013, en el que se renovaron las 212 alcaldías y se eligieron 30 diputados locales de mayoría relativa y 20 de representación proporcional, apoyando en el municipio de Tihuatlán al próspero empresario de autopartes Gregorio “Goyo” Gómez Martínez, su amigo y compadre por esas fechas.

Como parte de los compromisos que se hicieron con el entonces candidato a alcalde del PRD en el municipio de Tihuatlán, Gómez Martínez,  Nicanor Martínez Olguín, propuso como regidora primera en la planilla a su esposa Norma Azucena Rodríguez Zamora, una guapa mujer que luego del arrollador triunfo de “Goyo” Gómez se desempeñó como regidora los tres años de ese gobierno.

En este periodo de gobierno, “Goyo” Gómez Martínez le dio atenciones especiales a su comadre y compañera regidora, entre otras, la comisión edilicia de Obras Públicas, para que hiciera negocios con los empresarios de la construcción, incluyendo asignaciones de obra para su esposo Nicanor Martínez Olguín.

Las desmedidas atenciones para la regidora de parte del alcalde terminaron en un romance que traspasó las paredes del palacio municipal, hasta que finalmente un buen día Norma Azucena Rodríguez decidió dejar el hogar conyugal por su amasiato con “Goyo” Gómez, lo que desató un gran escándalo público en la sociedad de Tihuatlán.

En las elecciones federales del 2015, cuando ya era  fama pública su romance que tenía con  la regidora, el alcalde “Goyo” Gómez, quien aún fingía ser su amigo y compadre, propuso a Nicanor Martínez Olguín como suplente de Leonardo “Naro” Amador Rodríguez, candidato propietario del PRD a la diputación federal por el distrito de Poza Rica, quien logró ganar la elección.

En las elecciones municipales del 2017, Amador Rodríguez pidió licencia de su cargo para buscar la alcaldía de Poza Rica, dejando la diputación federal en manos de Martínez Olguín, pero tuvo que regresar seis o siete meses después al no lograr la candidatura del partido del sol azteca.

En las elecciones concurrentes del 1 de julio del 2018, Gregorio Gómez fue candidato a diputado federal de la coalición PAN-PRD-MC, haciendo una millonaria campaña para ganar el cargo, pero su mala fama pública en los tres municipios que conforman este distrito (Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla), sobre su presunta relación con las bandas de roba-carros, bandas de “chupaductos” y células delictivas dedicadas al narcomenudeo, provocaron su derrota ante la candidata de Morena, Raquel Bonilla Herrera, impidiendo su acceso al Congreso de la Unión. No obstante, a pesar de la debacle electoral perredista, logró colocar a su pareja y ex regidora Norma Azucena Rodríguez Zamora como diputada federal plurinominal del PRD por la tercera circunscripción.

El martes 14 de agosto del 2018, la diputada federal electa fue privada de su libertad cuando circulaba en un vehículo particular en la carretera federal México-Tuxpan a la altura del estado de Hidalgo, por lo que la Fiscalía local también participó en las indagatorias.

La legisladora iba acompañada de un grupo de colaboradores cuando a la altura del kilómetro 117, en el libramiento San Alejo-Tejocotal, fueron interceptados por dos sujetos encapuchados que dispararon contra el vehículo.

El chofer de la unidad y una colaboradora de la legisladora resultaron heridos, mientras que los encapuchados subieron a la fuerza a la diputada en un vehículo Bora negro en el que se dieron a la fuga.

Aproximadamente 36 horas después, la diputada federal de Morena fue liberada.

En las recientes elecciones concurrentes del pasado 6 de junio, la coalición PAN-PRI-PRD registró como candidato al ex alcalde de Tihuatlán Gregorio Gómez Martínez, quien fue electo como candidato el 28 de marzo. Pero el 7 de abril fue detenido por un comando policíaco, y aunque se dijo en un principio que había sido secuestrado, el día 15 de ese mismo mes le fue dictada la vinculación a proceso por diferentes delitos.

El 19 de abril, “Goyo” Gómez Martínez fue trasladado al Penal Federal No. 13 ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el estado de Oaxaca.
La dirigencia estatal del PRD se vio obligada a designar un candidato emergente en Tihuatlán, nombrando al empresario mueblero Leobardo Gómez González, cercano al ex munícipe encarcelado.

A su vez, Morena designó como su candidato a José Enrique Romero Alarcón,  un ex presidente municipal de extracción panista, llevando como suplente a Nicanor Martínez Olguín, enemigo político número uno de “Goyo” Gómez Martínez y ex esposo de la ex regidora Norma Azucena Rodríguez Zamora, actual diputada federal plurinominal en funciones del PRD, quien ha exigido ante los medios de comunicación la pronta liberación de su ex pareja recluido en el penal federal de Oaxaca.

Pese la negra fama pública del grupo político del ex alcalde Gregorio Gómez, en el municipio de Tihuatlán ganó el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Leobardo Gómez González, cuyo triunfo atribuyen los morenistas a la millonaria inversión que se hizo en la compra de votos así como a la utilización de moto-sicarios que fueron distribuidos en las casillas electorales donde las tendencias favorecían al candidato de Morena, para amenazar e intimidar a los votantes.

El resultado de esta campaña repleta de irregularidades hizo ganar al candidato del PAN-PRI-PRD, Leobardo Gómez González, con 17 mil 598 votos, contra 10 mil 429 del candidato de MORENA, José Enrique Romero Alarcón.

Desde la noche del pasado miércoles, la consternada ciudadanía de Tihuatlán se pregunta quién y por qué mandó a asesinar a Nicanor Martínez Olguín, si la presidencia municipal ya la había ganado el candidato del grupo político de “Goyo” Gómez Martínez.