Al cuestionamiento siguió la embestida, de nueva cuenta, en contra del Poder Judicial mostrando, por las repetidas agresiones directas o a través de su escudero, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, un insistente interés por la desaparición de poderes.
Desde luego que al llamado a los reporteros para preguntarle a Flores Saviaga cuánto ganaba, dispuso deslizar a un portal oficioso y a un par de columnistas chairos, hacer públicos supuestos documentos oficiales que suscriben que gana más de cuatro millones de pesos anuales.
A ello se sumó, de manera por demás abusiva, la perniciosa campaña de descalificaciones contra la magistrada hoy investigada por denunciar la corrupción que impera en el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura.
El punto es que ante el llamado gubernamental, quien esto suscribe acudió a preguntar a la magistrada cuánto ganaba, encontrándose, con documentos del SAT, particularmente su declaración anual, copia en nuestro poder, en donde su salario –como el de cualquier magistrado en Veracruz- no supera los 100 mil pesos mensuales.
¿Entonces por qué el gobierno insiste en que gana más de cuatro millones de pesos “13 mil pesos diarios”?
¡Fácil!
Lo que sucede es que a su salario –alto o muy alto, exagerado o no para un salario promedio no ordenado por ella, sino que forma parte de una tabulación que autorizó el Congreso del estado para jueces y magistrados- le sumaron las percepciones de toda la oficina que encabeza, los viáticos y prestaciones, las compensaciones, aguinaldos y hasta los impuestos al SAT que son pagados de manera obligatoria.
“Hasta la fecha y año de los oficios apócrifos sumaron”.
Y es que al observar la documentación publicada por la prensa oficial se le olvidaron anotarle las firmas, los sellos no corresponden, los membretes no consignan más que el relleno de hojas y las sumas no cuadran al incluir hasta los impuestos que son retenidos por el Sistema de Administración Tributaria.
Toda una escalada de mentiras y verdades a medias que esconden el interés de desparecer al Poder Judicial.
La magistrada pedirá, por tanto, al amparo, el derecho de réplica y acudirá ante las cortes internacionales para denunciar el abuso de autoridad a su investidura, así como demandar ante la Fiscalía General de la República, abra una investigación sobre la escalada de corrupción que existe en el Poder Judicial.
Habrá que recordar que el diferendo del Poder Judicial con el gobernador surge a partir de una invasión de poderes de parte del ejecutivo al exigir la reducción del 30 por ciento a los salarios de jueces y magistrados “para juntar 500 millones de pesos” y salvar presupuestalmente el año.
¿Dónde quedó entonces, el presupuesto anual?
Pues ni más ni menos que doña Chabela se lo gastó en salarios y compensaciones, estás sí, desmesuradas entregadas a cientos de chairos de nuevo ingreso que en los últimos meses pasaron a formar parte del ejército de holgazanes del Tribunal.
Así, para ocultar el exceso de pago a la chairiza, la instrucción fue distorsionar la realidad, desatar campañas de denostación y acusar de corruptos a quienes denunciaran corrupción.
Para ello lo primero que había que hacer es escándalo mediático por los elevados salarios que en los últimos tres años no fueron capaces de regular a través del Congreso del estado.
Luego salir en defensa de la Directora de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Bautista Flores, acusada públicamente de millonarios desvíos y de estar saqueando al Poder Judicial de Veracruz contratando personal recomendado por Finanzas, con sueldos “altísimos”, aparte de los 96 mil pesos que cobra esta dama de manera mensual por desempeñarse en dicho cargo.
Joana Bautista fue secretaria particular del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez –primo hermano de Cuitláhuac- es señalada de colocar “a 150 improvisados en puestos administrativos con sueldos que van de los 16 mil a los 60 mil pesos y compensaciones altísimas”, según denuncia de Flores Saviaga.
Parte de la estrategia gubernamental fue además, orquestar un “Plan de Austeridad” en el cual se demostrara que el Poder Judicial saldría más fortalecido bajo el “principio de una transformación del fondo” quitándole el presupuesto, cerrando 29 juzgados y bajando a magistrados los salarios.
El teatro, sin embargo, se les está viniendo abajo tras las repetidas agresiones a un poder, el Judicial, que constitucionalmente es autónomo y el empeño de imitar a López Obrador, quien un día sí y el otro también se la pasa agrediendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La lucha siendo desigual aún no termina.
Tiempo al tiempo.
*El autor es Premio Nacional de Periodismo
|
