De 2004 a 2020, ORFIS jamás ha encontrado anomalías de consideración que vayan más allá de dos que tres notas periodísticas amarillistas por presuntos desvíos millonarios o amenazas de cárcel a charales cuando los peces gordos son intocables.
“El anterior Auditor General de Veracruz, Lorenzo Portilla, nunca encontró nada irregular y que, por el contrario, solo observó un crisol de honestidad de dos gobiernos ante los cuales se arrodilló de servil manera.
Y para la actual, Delia González Cobos, impuesta para cubrir el periodo 2019-2026, todo ha sido silencio y complicidad.
ORFIS no existe para la opinión pública. Solo la consigna de garantizar la “honestidad y transparencia” en la rendición de cuentas de Cuitláhuac García y colaborar en la escalada de amenazas a presidentes municipales corruptos de que entregues sus plazas -o cárcel- en tiempos electorales.
Acaso de dos años para acá Delia González Cobos, solo se llenó de venganzas contra Cecilia Coronel, auditora especial de Fiscalización de Cuentas Públicas y un puñado de colaboradores para después iniciar una limpia de empleados de primer nivel para abrirle paso a los chairos que envió SEFIPLAN.
El pretexto de los despidos era por estar vinculados con auditorías a dependencias y municipios del Estado “por quejas de los propios afectados” cuando en realidad lo que estaba en juego era el “negocio” para los vencedores.
Así, una vez cumplidas las metas de que el poder se comparte, pero solo con los amigos, Orfis se dio a la tarea de cumplir actualmente el programa anual de auditorías que, según ellos superan las mil 700 a la Cuenta Pública.
Toda una feria de revisiones en donde se mueven muchísimos intereses que van desde las auditorías a modo contratadas por despachos, hasta chantajes que forman parte de una alcancía fuera de todo registro presupuestal.
Orfis audita, pero ¿Quién audita a Orfis?
Sus titulares han salido hinchados de billetes sin que nadie les revise las carteras. Han dispuesto de enormes sumas de dinero sin que el Congreso del estado sea capaz de revisar el mundo de papeles que le entrega Orfis anualmente para su revisión.
Y en la élite creada dentro de ese organismo -hoy en pacto de sangre con Morena y su gober- es inamovible. De hecho, ese quiste, el Cartel de ORFIS, detenta ese poder oculto desde hace dos décadas.
Es una mafia, un clan, que aprendió a ganar ríos de dinero, a repartir a quien se debe repartir y mantener a su titular, cómplice, dentro del aparato el periodo legal correspondiente.
Incluida, por supuesto, la reelección.
Orfis es la mayor alcancía que tiene el gobierno del estado, vale lo que pesa en oro por tanto que se mueve por debajo de la mesa.
Escribe Jorge Miguel Ramírez Pérez, analista y conocedor de las entrañas de Orfis que, “si nosotros creíamos que los cárteles delincuenciales estaban integrados solamente por pelafustanes, pues estamos equivocados”.
Son la llamada delincuencia de cuello blanco.
“Los lavadores de dinero son la variante conocida y hasta frívola de esa especie de maleantes, que usan el cerebro y los conocimientos de técnicas jurídicas, para enredar cuentas y flujos que desaparecen de los ojos de la transparencia, que se pide en los negocios públicos y privados”.
En efecto, el punto es la apariencia con que se maneja ORFIS.
Esa es la principal arma, una imagen de solvencia, un discurso que parece real contra los procedimientos deshonestos y por supuesto, la desfachatez de hacerse tontos para dejar que las sospechas se pierdan en el descuido y el tiempo perdido.
ORFIS es un organismo “autónomo”, para quitarle control al pueblo veracruzano en la vigilancia de su dinero.
Su argumento malicioso siempre ha sido despolitizar la fiscalización cuya única liga con la institucionalidad ha sido el disfraz del nombramiento del titular por parte del legislativo.
Librada esa tontería legislativa, ¡Chino libre!
Aparentar procesos enredados para que los transgresores se arreglen en corto con el “Cartel de ORFIS”, y así, aflojar la mayor parte de lo hurtado mediante el episodio conocido en el argot del bajo mundo burocrático, como vómito negro.
Acto seguido asignar a los 212 ediles -excepción hecha de los que no se dejen por honestos- de un despacho externo, de “cuates”, pagado con recursos presupuestales para investigar a fondo lo que no será más que un arreglo que no irá más allá de una devolución oficial ínfima del atraco, el moche para ORFIS y la inmediata solventación de todo proceso.
En los hechos, “Los contralores del ORFIS y sus despachos son unos limpiadores profesionales de cadáveres de la corrupción”, asume Jorge Ramírez.
No dejan rastro aparente.
Sin embargo, México bien sabe cómo se teje este entramado y cuánto deja. Por ello el SAT va tras los huesos de ORFIS para desaparecerlo y se fiscalice al gobierno del estado y los 212 municipios desde la ciudad de México.
Antes desde luego, ORFIS tendrá que rendir cuentas de números no muy claros.
Son entre 17 mil y 33 mil millones de pesos de gobiernos anteriores que nadie ha sabido explicar a cabalidad dónde están y por qué no se ha procedido contra los saqueadores.
Y sobre todo ver si son ciertas las nueve denuncias de ORFIS, presentadas por el anterior auditor Portilla Vásquez, sobre presuntos desvíos en el primer año del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, por 37 millones 200 mil pesos que involucran a Tecnológicos y entidades del Poder Ejecutivo.
ORFIS huele mal. A este sí, le urge el vómito negro.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
