Y es que aunado al número de contagios por día dado a conocer por las autoridades de salud, es igual de importante prestar atención a los casos positivos activos de personas con el coronavirus y que están en posibilidad de contagiar a otras personas. Al corte de este jueves 5 de agosto, a nivel nacional hay 138 mil 96 casos activos estimados. En el estado de Veracruz, esa cifra se calcula en cinco mil 143.
Hablando de Veracruz, la entidad se encuentra en los primeros lugares… pero de alta incidencia de contagios y fallecimientos. Hasta ahora, se han confirmado un total de 83 mil 378 infecciones del SARS-CoV-2, mientras que los fallecimientos oficialmente reconocidos suman 10 mil 815.
Así que era de esperarse que el sistema de salud del estado comenzara a colapsar rápidamente con la tercera oleada de infecciones. Este mismo jueves, se reportó de manera extraoficial que en el Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” de la ciudad de Xalapa, el área de urgencias se encuentra al 120 por ciento de su capacidad, al grado que se dio aviso al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que ya no podían recibir más pacientes.
Con todas esas cifras demoledoras sobre la mesa, ¿en la mente de qué lunático podría caber la insensatez de que hay forzosamente que abrir las escuelas y obligar a un regreso inmediato a las clases presenciales a los niños y jóvenes, precisamente el segmento de la población que en México está completamente desprotegido pues no ha accedido a la vacunación, que de suyo tampoco es garantía de protección? Pues en las de ya sabemos quiénes.
El subsecretario de Promoción de la Salud Hugo López Gatell –el criminal “doctor muerte”- sentenció este mismo jueves que se regresará a las aulas aún si el semáforo epidemiológico –el mismo que manejaron miserablemente con criterios políticos a costa de la vida de miles de mexicanos y mexicanas- está en color rojo.
Su “argumento” es que la educación “es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones aun cuando tengamos el semáforo en rojo”. Como si fuera lo mismo vender tortillas que mandar a los niños a un aula hacinada y mal ventilada.
La orden para imponer semejante insensatez ya sabemos de dónde proviene. Así que todos los órdenes de gobierno están “sentenciados” a cumplirla, como pudo constatarse con la reunión que sostuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con gobernadores y funcionarios como el propio López Gatell y los titulares de las secretarías de Educación Pública, de Economía y de Turismo. Y donde se reveló la verdadera razón de la criminal necedad.
En su cuenta de Twitter, Sánchez Cordero publicó acerca de la citada reunión –celebrada a distancia, cuando a niños y maestros los quieren obligar a estar físicamente en las aulas- que “el reto que nos ocupa es atajar la pandemia y, al mismo tiempo, permitir el regreso estratégico a las actividades escolares presenciales y económicas con las medidas necesarias”.
Porque el objetivo que no se atreven a decir claramente es que el regreso a clases signifique una derrama económica que rescate al país de la bancarrota a la que lo conduce el gobierno y que ha producido -como lo acaba de dar a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su informe de “Estimaciones de la Pobreza Multidimensional”- 3.8 millones de nuevos pobres entre 2018 y 2020, así como que cayeran en pobreza extrema otros 2.1 millones de personas en ese mismo periodo.
Como cuando decretaron la “nueva normalidad” que produjo más de cien mil muertos, ahora quieren reactivar la economía que agujerearon con un despilfarro descomunal, al precio de la salud y la vida de alumnos y docentes.
¿Primero los pobres? Sí, pero directo al matadero.
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