Un escándalo del que ya hemos dado cuenta con anterioridad en este mismo espacio y que pasa por la disposición ilegal que habría hecho la directora general de Administración de los recursos del Fondo Auxiliar para el Mejoramiento de la Impartición de Justicia por un monto de 265 millones de pesos, dinero que habría ido a parar al Ejecutivo estatal.
Castañeda Palmeros confirmó esos malos manejos y habló de que habrían desaparecido, además de esos recursos, los del Fondo para el Retiro, lo cual coloca al Poder Judicial en una situación de insostenible insolvencia financiera que, a su vez, pone contra las cuerdas la correcta impartición de justicia en la entidad, lo cual es un derecho –para utilizar términos de la abogacía- de todos los justiciables. Es decir, de todos los ciudadanos.
Las “vendettas” de los que juran que son “diferentes” y que “ya se acabó la corrupción” no tardaron en llegar. El lunes, la magistrada Castañeda Palmeros recibió un oficio, firmado por Isabel Inés Romero Cruz, en el que se le indicó que a partir de este martes se le aplicaba el “retiro forzoso” por cumplir, exactamente este mismo día, 70 años de edad, quedando imposibilitada legalmente “para continuar ejerciendo su nombramiento como magistrada”.
Y en un derroche de autoritarismo, Isabel Inés Romero Cruz le advirtió que “de inmediato deberá hacer entrega de la oficina y demás mobiliario que tenía a su cargo a personal de la Contraloría General del Poder Judicial del Estado, en atención a que al actualizarse la hipótesis legal del retiro forzoso, por Ministerio de ley, cesan sus funciones, razón por la que no puede continuar como magistrada en activo”.
Más tardó en llegar el oficio a manos de la magistrada que el personal del TSJEV en vaciar su oficina y, literalmente, poner sus cosas en la calle. Así se las gasta el Poder Judicial de Veracruz en tiempos de la “4t”.
La decisión de Isabel Inés Romero Cruz no tiene fundamento legal, porque el retiro forzoso de los magistrados del TSJEV a los 70 años se basa en una reforma a la Constitución del Estado aprobada muchos años después del nombramiento de Castañeda Palmeros. Y cualquier estudiante de primer semestre de derecho sabe que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva, como es éste el caso. Entre varios más.
Y es que no es la primera vez que lo hacen. Otros dos magistrados, Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes, también fueron indebidamente “jubilados” bajo ese criterio y a ambos les fueron concedidos sendos amparos para ser rehabilitados en sus cargos. Amparos que la LXV Legislatura del Estado de Veracruz ha ignorado olímpicamente, lo que ya les valió a sus integrantes una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de desacato a una orden judicial.
El hedor de la podredumbre en el Poder Judicial -en cuyo cochinero se revuelcan con “singular alegría” los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado- es ya insoportable. Pero está claro que, literalmente, a los “cuatreros” les vale madre la ley.
Los amigos de Bermúdez
Y hablando de cochinadas y de torcer la legalidad a placer, la madrugada de este martes al diputado plurinominal electo del PRD y ex secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán le fue dictado auto de vinculación a proceso por las denuncias que presentó hace tres años el ex secretario de Seguridad Pública duartista Arturo Bermúdez y que, muy “oportunamente”, la Fiscalía General del Estado “se encontró” en algún cajón.
De acuerdo con la defensa de Franco, el juez Gregorio Esteban Noriega Velasco se basó exclusivamente en lo dicho por la Fiscalía sin dar oportunidad de solicitar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, llegando al punto de señalar, de manera tajante, que para él “la prisión debía seguir vigente”.
El objetivo es muy claro, además de impedir que Rogelio Franco tome posesión como diputado federal: beneficiar a Arturo Bermúdez, uno de los personajes más siniestros que ha pasado por la política en Veracruz.
Digno “aliado” de la malhadada “4t”.
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