La nota que hoy publica el diario Reforma con datos oficiales del Presupuesto de Egresos 2021, es por demás ilustrativa de lo anterior. La capacidad de inversión de varios de los nuevos gobiernos es mínima en comparación con lo que deben de pagar anualmente en intereses y comisiones. El Reforma señala que “La mitad de los gobiernos estatales gasta más en el pago de sus deudas que en inversión pública”, “15 de ellos etiquetaron en 2021, en promedio 180 por ciento más de sus recursos para Deuda Pública” y menciona en este grupo a los Estados de: Baja California, Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
Lo anterior significa que para revertir esta situación, los actuales gobiernos -como lo está haciendo el de Veracruz- se ven obligados a la aplicación de duros esquemas de austeridad e inteligentes sistemas de reestructuración de los adeudos heredados.
Por ejemplo, al Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón dejó una súper obligación de pagar anualmente 10 mil 767 millones de pesos de intereses y comisiones. Apenas le quedan libres de su presupuesto anual mil 614 millones para inversiones. Es decir, la capacidad de inversión de este Estado gobernado ahora por Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, es de menos del 15% en comparación con su pago de deuda.
Veracruz, gobernado por MORENA, anda por el mismo rumbo. Gobiernos priistas y panistas como los de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, dejaron tocadas las arcas públicas con una obligación de pagar anualmente 6 mil 958 millones de pesos por concepto de intereses y comisiones, y le queda para invertir 2 mil 237 millones, lo que representa el 32% en la comparativa.
Chihuahua, gobernado por María Eugenia Campos Galván, del PAN, tiene que batallar con una obligación anual de pago de intereses y comisiones por 6 mil 888 millones de pesos y un disponible para inversiones de mil 821 millones, que representan el 26%. Exgobernadores como Javier Corral Jurado y César Duarte Jáquez, José Reyes Baeza, Patricio Martínez y Pancho Barrios, panistas y priístas, endeudaron a Chihuahua hasta el tope.
Sonora, liderado por MORENA con Alfonso Durazo Montaño, gobernado antes por Claudia Pavlovich del PRI, Guillermo Padrés Elías del PAN, Eduardo Bours del PRI y Armando López Nogales del PRI, dejaron al Estado con una relación inversión-pagos de intereses y comisiones por los enormes pasivos que recibieron de gobiernos anteriores del 20%; Quintana Roo del PRD, con el 28%; Michoacán que gobernó el PRD y ahora gobierna MORENA con una relación del 31%; Yucatán, gobernado por el PAN, con una relación del 10%; Colima, gobernado por MORENA, con una relación del 6%; Campeche, gobernado por MORENA, con una relación del 15%; Zacatecas, que hoy gobierna MORENA, con una relación del 15%.
Sin duda que la mitad de los 32 estados del país tienen verdaderos retos por vencer y dependerá de que en adelante se evite la corrupción a toda costa, pues lo que jamás ha quedado claro es qué han hecho los gobernadores con esas multimillonarias deudas.
Son 16 los casos más sonados de exgobenadores que (principalmente por no poder justificar los recursos ejercidos) tienen o tuvieron problemas con la justicia, están presos, procesados o prófugos, a los que ante evidentes actos de corrupción han debido rendir cuentas ante la justicia entre los que se pueden mencionar:
Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán; Fidel Herrera, Javier Duarte de Ochoa y Flavino Ríos Alvarado, de Veracruz; Guillermo Padrés, de Sonora; Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes; Rodrigo Medina, de Nuevo León; César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo; Gabino Cué, de Oaxaca; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas; Jorge Torres y Humberto Moreira de Coahuila.
Aunque llevar a los gobernadores ante la justicia no es suficiente, pues debe extenderse el cerco hasta los responsables directos de las finanzas estatales como ha sucedido aquí en Veracruz, en donde ya se investiga o se han vinculado a proceso a excolaboradores de Javier Duarte como Tomás Ruiz González, Mauricio Audirac Murillo, Antonio Gómez Pelegrín –detenido-, Fernando Charleston Hernández, Gabriel Deantes Ramos –fue condenado recientemente a reintegrar como pago por responsabilidad resarcitoria más de mil 500 millones de pesos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa-, entre otros.
De la misma forma tiene que darse en todos los Estados y eso sí, en la medida de lo posible, que se reintegren a las arcas públicas los cientos de millones de pesos que fueron desviados.
Faltan mucho más, pero por algo se empieza.
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