La semana que concluyó fue una de las más traumáticas de los últimos años para las mujeres en México, ante el desbordamiento de la violencia feminicida que ha rebasado por mucho al Estado, mismo que de por sí nunca ha tenido –ni antes ni ahora- verdadero interés por encontrar las causas y las soluciones para este fenómeno.

El feminicidio de Debanhi en Nuevo León encendió el interés mediático general sobre un tema que no ha dejado de estar ahí, como una grieta en uno de los pilares del país que se hace cada vez más grande y que refleja un problema estructural profundo, que ninguna institución ni la propia sociedad mexicana han sido capaces no solamente de atender, sino de entender.

Las cifras muestran una realidad que las autoridades buscan matizar con verborrea y demagogia, pero que sin embargo, son desgarradoras y muy contundentes.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2022 se registraron 228 feminicidios en México, de los cuales 76 se cometieron en enero, 79 en febrero y 73 en marzo.

Esos números, funestos en sí mismos, no reflejan sin embargo el grado de violencia que con cada vez mayor intensidad se ejerce en estos crímenes. No solamente se mata a las mujeres, sino que se les tortura, se les lastima con un sadismo absolutamente irracional.

Además, las víctimas cada vez son mujeres más jóvenes, menores de edad e incluso niñas, lo que le imprime una brutalidad al fenómeno que exhibe las omisiones de las autoridades, en todos los niveles de gobierno, que se resisten a hacer un trabajo que les incomoda realizar, ya sea por incapacidad, incomprensión o por abierta misoginia -como ha quedado más que claro en numerosas ocasiones-, y a las que les resulta más sencillo revictimizar que aplicar políticas públicas efectivas, pues las últimas cuestan dinero que no están dispuestos a invertir. Austeridad, le dicen.

Tampoco se puede dejar de lado la operación de poderosas mafias de trata de mujeres en esta oleada de violencia. Grupos del crimen organizado que en colusión con autoridades y fuertes intereses de tipo económico y político protegen redes delincuenciales que hacen de las mujeres su mercancía, que una vez que es utilizada, consumida, es desechada.

El caso de Debanhi así lo muestra. Tras dos semanas en su búsqueda, la joven de apenas 18 años fue encontrada en una cisterna en un lugar donde ya la habían buscado, lo que indica que la fueron a dejar ahí para proteger quién sabe a quién.

Las consecuencias de todo lo anterior están a la vista. Y aunque cada caso tiene sus particularidades específicas, las once mujeres asesinadas diariamente en México por el hecho de ser mujeres son la muestra clara de una descomposición social de la que nadie se está haciendo cargo, más que ellas mismas, que se han visto obligadas a salir a las calles, a las redes y a muchos otros espacios públicos a manifestar su rabia y a exigir que se detenga la violencia feminicida.

Veracruz, donde el gobierno se ufana de supuestamente haber reducido los feminicidios, se mantiene en los primeros lugares nacionales en la comisión de este delito que en esta misma aciaga semana que terminó, registró el asesinato de Juana, de 21 años, agredida en su departamento en Xalapa presuntamente por un vecino que le robó unas pertenencias; y el de Edith Vianey, también de 21 años, quien fue ahorcada y apuñalada por su pareja, de 56 años, dentro de su vivienda en Oluta, al sur de Veracruz.

El baño de sangre de mujeres se nos ha vuelto tan cotidiano, que algunos hasta niegan que suceda y prefieren cubrirse los ojos con el lodo de su desdén. Hasta que la violencia les toca la puerta.

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