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A partir de la burda artimaña de adjudicarle a Tito Delfín Cano un nuevo delito, con el afán de mantenerlo en prisión (a pesar del amparo que le concedió la justicia federal) el senador panista Julen Rementería del Puerto se lanzó contra el gobernador Cuitláhuac García.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara Alta describió al gobernador de Veracruz como un “aspirante a dictador” y calificó la jugada en contra de Delfín Cano como “una bajeza”.
Cuitláhuac García ya le perdió el miedo al micrófono y, contrario a lo que sucedía al principio de su gestión, ahora responde a cada ataque mediático. Ésta no fue la excepción. El problema es que no mide sus palabras y en la mayoría de los casos termina cometiendo errores garrafales.
“Que le pregunten a la gente de Tierra Blanca. No he visto a ninguno de estos que declaran a favor ir allá; que hagan una consulta y le pregunten (a la gente) si se está haciendo una injusticia contra Tito Delfín”, expresó el mandatario estatal.
No entiende que la justicia no obedece a criterios de popularidad. No es “la voz del pueblo” la que define si una persona es culpable o inocente del delito que le imputan.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un posicionamiento específico contra el linchamiento (a final de cuentas eso es un juicio en el que “el pueblo” decide si alguien es culpable) y advirtió sobre los orígenes de estos fenómenos:
“Las expresiones de violencia colectiva o linchamientos ilustran la falta de capacidades del Estado, para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza y el control sobre el territorio, garantizando la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas, que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad”, apuntó la CNDH.
Y agregó:
“Los linchamientos, en su gran mayoría, buscan como fin último expresado por sus protagonistas directos, la atención y solución al problema de la inseguridad ciudadana, aunque en realidad constituyan actos de desprecio y descalificación hacia las autoridades y la vigencia del Estado de Derecho”.
Pretender que sean los habitantes de Tierra Blanca los que le digan al senador Julen Rementería o a la prensa (un día antes había hecho el mismo exhorto para los comunicadores) si Tito Delfín es culpable o inocente, es llevar la impartición de justicia a escenarios ajenos a las instituciones.
Es, sin duda, una copia fiel del desdén que su guía político, el presidente López Obrador ha manifestado contra las instituciones y contra la Carta Magna. (“Y no me vengan con que la ley es la ley”).
El “pueblo sabio” recarga el combate a la impunidad en los organismos responsables de la procuración y de la impartición de justicia. Si estas instituciones fallan, es menester cambiar a los responsables, para evitar que la corrupción y la ineficacia gangrenen los pilares de nuestro sistema de gobierno.
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Epílogo.
La voz del diputado José Yunes Zorrilla se volvió a escucha en la Cámara Baja. Frente a la obligación de sustentar con argumentos sólidos, la pretensión de reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), la bancada de Morena se enredó en sus argumentos. *** “Defendemos la verdadera libertad de los organismos autónomos como el #INE, por eso votamos en contra de la reducción de esos presupuestos. Sin las herramientas adecuadas se complica el trabajo de los organismos autónomos y debemos vigilar que cumplan bien sus funciones, sobre todo si son las encargadas de garantizar nuestra #democracia”, escribió Pepe Yunes en sus redes sociales. *** La sociedad en Coatzacoalcos está realmente enojada. Frente al discurso del gobierno sobre una supuesta mejora en las condiciones de seguridad, se dio el homicidio de un personaje muy conocido y querido en aquel municipio, el sastre Francisco Javier Paredes Zárate. *** “Se debe mandar un mensaje claro de cero impunidad; que la autoridad haga lo que está comprometida hacer: encontrar a los culpables, castigarlos en la misma medida en la que ellos han lesionado a esta familia. No se puede abandonar el diálogo con la autoridad, ese es un mal principio, sin embargo, si se les debe de exigir a los servidores públicos que hagan lo que tienen que hacer y es notoria la descoordinación que existe en este momento dentro de las entidades que forman parte de la mesa de seguridad”, expresó el empresario Emmanuel Peña Sánchez, presidente de la Canacintra.
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