Una más de las revelaciones surgidas a partir del hackeo de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue la labor de espionaje que realizó el Ejército Mexicano para ubicar al entonces prófugo Jorge Winckler Ortiz.
En realidad, que una persona que se encuentra evadida de la justicia sea objeto de una labor de espionaje (“inteligencia”, le llama López Obrador) suena bastante natural.
Aquí lo curioso es que haya sido el Ejército Mexicano el encargado de realizar esa tarea, con un personaje que enfrentaba una orden de aprehensión en el ámbito del fuero común, en Veracruz.
La explicación podría ser muy simple: que la Fiscalía de Veracruz hubiera solicitado el apoyo de la Sedena, en virtud de que esa institución cuenta –se supone- con mejor tecnología para realizar esa labor.
Pero no fue así. Al menos hasta este jueves, el vocero oficioso de Fiscalía, el gobernador Cuitláhuac García, dijo no estar informado de alguna labor de espionaje sobre el exfiscal Jorge Winckler y su familia.
Es importante hacer notar que la intervención de comunicaciones privadas sólo la puede realizar el Ministerio Público (las Fiscalías) una vez que consiga la autorización de un juez federal.
Así lo plasma nuestra Carta Magna en su artículo 16:
“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración”.
En la red de espionaje se intervinieron llamadas y mensajes de conversaciones que se sostuvieron a través del servicio de mensajería “Signal”, que suele ser utilizado para enviar mensajes cifrados entre sus usuarios.
Según el documento filtrado por “Guacamaya”, la intervención incluía al exfiscal Jorge Winckler, a su esposa, a tres de sus hijos (uno de ellos menor de edad), a su madre y a sus dos hermanos, además de una mujer a la que se le identifica como “su amante”, a otras tres personas cercanas a él y al diputado local del PAN, Jaime de la Garza.
El informe contiene transcripciones de mensajes de un grupo de “Signal” llamado Divorcio con fecha del 6 de junio del 2022, en el que Winckler intercambia mensajes con su hijo menor, en el que se incluyen fotografías y audios.
Otra comunicación intervenida se identificó como “Caso Búho” e incluye una grabación de una llamada entre un hermano del exfiscal y uno de sus hijos, en donde el menor pregunta sobre el estado de su padre.
El informe confirma que se utilizó rastreo vía GPS para conocer la ubicación de su hijo y la mujer que se le identifica como su amante en el informe. En el mismo documento, se describe un informe con fecha del 15 de junio, un mes antes de su captura en Puerto Escondido, Oaxaca, que detecta la pretensión del “blanco” de pasar las vacaciones con su familia y que en ese momento se encontraba en un lugar cercano a ellos.
Este expediente confirma lo que ya se había plasmado en este mismo espacio: que la búsqueda, localización y captura de Jorge Winckler fue obra de las autoridades federales, y que sólo al final -una vez que ya estaba bajo el control de la Guardia Nacional y del Ejército- se le informó al gobernador de Veracruz.
En el ánimo de privilegiar la transparencia, el gobierno federal tendría que mostrar la autorización del juez federal para realizar esas intervenciones, o de lo contrario los abogados de Jorge Winckler tendrían en sus manos una valiosísima herramienta para tirar el caso en contra de su defendido, por violaciones al debido proceso.
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Epílogo.
Parafraseando al presidente. Pasamos del… “Y no me salgan con que la Ley es la Ley”, al… “Los jueces federales son demasiado legalistas y garantistas, y la verdad así no vamos a poder”. *** Ya es un tema de alcances nacionales, una vez más señalando al gobierno de Veracruz de violentar los derechos humanos. *** “Se metió la apelación, pero todavía no nos han dado respuesta (…) Me dicen que puede que tarden un poquito, como la apelación es (con) la misma autoridad de Veracruz y son órdenes del gobernador, porque hicimos mediático el caso. Ya me le pegaron dos veces, en la primera le desviaron un hueso de su pierna y la dejaron en silla de ruedas”. *** Ese es un fragmento de la entrevista que concedió don Martín Flores (padre de July Raquel Flores, quien fue torturada y violada para obligarla a confesarse culpable de un homicidio) con la periodista Lourdes Mendoza. *** No hace ni un mes que se informó oficialmente: “Los gobernadores Cuitláhuac García Jiménez y Miguel Barbosa Huerta encabezaron la Reunión Interestatal de Seguridad Veracruz-Puebla, en el recinto de la Fortaleza San Carlos, para dar continuidad a la estrategia interinstitucional de seguridad, promoción turística y cultural en la zona limítrofe, que abarca 33 municipios poblanos y 36 veracruzanos”. *** Alguien les debe avisar a los dos gobernadores: Este jueves los ocupantes de varios vehículos fueron atracados a plena luz del día en un asalto masivo en la autopista 150D Orizaba-Puebla, a la altura de las Cumbres de Maltrata, ya en el estado de Veracruz. *** Un comando que portaba armas largas, exigió a los ocupantes de al menos 40 vehículos (todos varados debido a un accidente) que les entregaran todos los objetos de valor que tuvieran consigo, y el dinero en efectivo. *** Los ocupantes de los vehículos alertaron a las autoridades a través del 911 y de redes sociales, pero éstas llegaron cuando los asaltantes ya se habían ido del sitio. Ni la Guardia Nacional ni las fuerzas de seguridad estatales llegaron a la zona. *** Ese es el “Veracruz seguro” que nos venden todos los días.
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