Prefacio. 

Se había explicado en este mismo espacio hasta el cansancio: no era necesario reformar la Constitución de Veracruz para abrir la puerta a la postulación de candidatos a la gubernatura que no hubieran nacido en este territorio o no fueran hijos de veracruzanos. *** Extrañamente, en esta ocasión el gobernador de Veracruz sí fue bien asesorado en materia jurídica y repitió lo que ya muchos sabían. *** “Lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo respetaremos; la verdad es que la senadora Rocío Nahle puede ser postulada. Ella tiene un cargo público por Veracruz y puede aspirar a cualquier cargo sin ninguna restricción de ley (...) Alguien le puso el nombre de la ley Nahle y ella no es la beneficiaria porque ella ya fue postulada, pero sirve para que se sepa más quién es Rocío Nahle”. *** En efecto, en un torpe intento por “defender” a su candidata para sucederlo, el gobernador de Veracruz terminó admitiendo que la zacatecana Rocío Nahle no es tan conocida en territorio veracruzano. *** Esa reflexión del gobernador le da la razón, además, al responsable de los programas sociales en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien sin poder contener su risa, les respondió a los reporteros: “¡Se los dije! Yo dije que esa ley era innecesaria, que fue un brete en el que se metieron y ahora está el juicio, pero se los dije”. *** El funcionario señaló que la reforma constitucional para permitir a personas no veracruzanas postularse para cargos de elección popular en el estado no era necesaria porque lo importante es la residencia. *** “No queremos que haya compadrazgo, dedazo, lo que había en la política antigua”, advirtió el funcionario, quien ha admitido su interés por competir en el 2024. 

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Eran los inicios del 2019, Cuitláhuac García tenía algunas semanas al frente del gobierno de Veracruz. En consonancia con el discurso de su jefe político –el presidente López Obrador- el mandatario veracruzano hizo un llamado a los diputados federales a que apoyaran la iniciativa de reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, y les pidió que consideraran “la grave situación de inseguridad por la que atraviesan distintos estados”, incluyendo el suyo. 

“El problema en Veracruz es complejo, ya que el gobierno anterior dejó sólo 4 mil 700 policías para 8 millones de habitantes”, explicaba el gobernador. 

Esta semana, un análisis de la empresa consultora InSight Crime, advirtió que, a pesar de apoyarse cada vez más en las Fuerzas Armadas -protagonistas de casos graves de violaciones a los derechos humanos, y contrario a sus críticas sobre la militarización de cuando era candidato- el presidente López Obrador no ha logrado imponerse sobre los grupos criminales. 

En un reporte titulado “Ejército de México seguirá combatiendo crimen a pesar de abusos de derechos humanos”, la consultora en materia de seguridad recordó que antes de llegar a la Presidencia, López Obrador criticó a sus predecesores por el uso de las fuerzas militares para enfrentar a las organizaciones delincuenciales, y prometió devolverle al Ejército su función establecida como protector de la soberanía nacional. 

El estudio advierte que, por tradición, el Ejército Mexicano se ha mantenido apartado de otras fuerzas de seguridad en México en cuanto a credibilidad, ya que -a diferencia de los cuerpos de policía municipales “plagados de corrupción”- los militares cuentan con la confianza del público y tiene una larga historia donde se le considera “fiable”. 

Pero, aclaran, el Ejército no es una fuerza para combatir el delito. 

“Cuando se ponen elementos importantes de las Fuerzas Armadas en esos roles no castrenses a realizar funciones de carácter esencialmente policial, para las cuales no han recibido adiestramiento, es más posible que se presenten abusos de derechos humanos y que aumente la corrupción”, se afirma en dicho estudio. 

Allá por 2019, cuando se le cuestionó a Cuitláhuac García sobre los riesgos de que una eventual militarización del país, éste respondió: 

“No, con las modificaciones (a la iniciativa) se ponen algunos límites, el más importante, que el mando civil, después de algunos años, entra a dirigir la Guardia Nacional, y eso es fundamental”. 

En ese entonces, el gobernador no sabía que algunos años después, el presidente iba a “cambiar de opinión”. 

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Epílogo. 

Producto de las ocurrencias de una persona de avanzada edad, la reubicación de juzgados y oficinas del Poder Judicial, sin la menor planeación, está generando una ola de protestas. *** Ya falta poco para que la magistrada presidente, la septuagenaria Isabel Inés Romero Cruz, entregue el cargo y asuma su retiro. Ojalá todavía haya tiempo para componer todo lo que descompuso. *** El gobierno federal relajó las recomendaciones de uso de cubrebocas, después de más de dos años de pandemia y de semanas en las que los casos de Covid-19 van a la baja. *** El pasado 7 de octubre, presentó los “lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante Covid-19”, en los que se estipula que el cubrebocas ya sólo es recomendable en espacios abiertos y cerrados en los que no haya sana distancia. *** De esta manera, las personas podrán dejar de utilizarlo en espacios abiertos con sana distancia, así como en espacios cerrados donde haya buena ventilación y haya al menos metro y medio de separación entre las personas. *** El uso del cubrebocas nunca fue obligatorio por parte del gobierno federal, que sólo emitió recomendaciones de uso, pero no la obligatoriedad de utilizarlo como tal, ni tampoco sanciones por no acatar la medida. *** Respecto de los tapetes sanitizantes, los lineamientos emitidos el 7 de octubre —y en cuya elaboración participaron las secretarías de Salud, la de Trabajo y la de Economía, así como el IMSS— señalan que “no existe evidencia de que funcionen, por lo que se retira su uso. ¡No se deben utilizar!”. 

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