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Consecuencia lógica del saqueo instrumentado por el gobierno estatal, ya no es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el único organismo autónomo, con presupuesto fijo, el que se queja de que no le alcanzan los recursos para cubrir las actividades de todo el año.
Otro ente con “autonomía presupuestaria”, la Fiscalía General del Estado (FGE) envió ya al Congreso de Veracruz una solicitud de ampliación presupuestal para estar en condiciones de concluir el presente año. Es la segunda ampliación que solicita ese organismo en dos años.
Ya se ha mencionado aquí en otras ocasiones: el origen de estas crisis financieras recurrentes en los organismos autónomos, es la tramposa “interpretación” que planteó el Poder Ejecutivo –y aprobó el Congreso- al concepto “presupuesto general”.
La Constitución de Veracruz establece que la Fiscalía General del Estado contará con una autonomía presupuestaria que “podrá ser mayor pero no menor al 1.5% del total del presupuesto general del Estado previsto para el ejercicio anual respectivo”.
En el caso del Poder Judicial del Estado, la Constitución establece que su presupuesto “podrá ser mayor pero no menor al 2% del total del presupuesto general del Estado, previsto para el ejercicio anual respectivo”.
Hasta antes de la actual administración estatal, la expresión “presupuesto general del estado” era interpretado como el total de los recursos contemplados en el gobierno de Veracruz para su aplicación en un período anual.
Ya no es así.
A propuesta del secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco (quien convenció al gobernador Cuitláhuac García que se les estaba dando mucho dinero a los órganos autónomos) se incorporó en la Constitución local una “interpretación” del término “presupuesto general del estado”.
En el tercer párrafo, fracción segunda del artículo 72, se establece que “en el caso de órganos, organismos autónomos del Estado o entes públicos a los que esta Constitución o las leyes les asignen porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición”.
Esto es: “de los que nos queda, después de repartir el presupuesto, sacamos el porcentaje que les toca a los órganos autónomos”.
Por supuesto, la cifra que arroja ese cálculo no es suficiente para cubrir las necesidades de esas instituciones.
Y tienen que acercarse al Gobernador del Estado para rogarle por una ampliación presupuestal, lo que en automático coloca a sus titulares en condiciones de sumisión con el que tiene el dinero.
¿Autonomía?
¡Qué va!
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Epílogo.
Es importante que, en los hechos, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández, demuestre que esa institución está –como ella presume- “del lado de las víctimas”. *** De ser así, entonces los fiscales a su cargo elaborarán mejores carpetas de investigación, se harán de mejores elementos de prueba y sustentarán cada caso con tan solidez, que no habrá juzgador que se atreva a emitir una resolución en su contra. *** Los jueces que conceden los amparos y que desestiman los argumentos de la fiscalía, encuentran tal cantidad de errores y abusos por parte del personal de la Fiscalía, que –en cumplimiento de lo que la ley les mandata- ordenan la liberación del imputado. *** Es muy fácil echarle la culpa a los otros, sin revisar antes la actuación de nuestro personal. Claro que para ello la titular tendría que dominar el tema. *** El diputado federal veracruzano José Yunes Zorrilla participa de manera activa en el análisis y discusión del proyecto de presupuesto para 2023. *** “Queremos mejores criterios para la aplicación de los recursos y evitar que se utilicen de mala manera, por eso observamos diversos puntos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en donde hoy se discute el segundo informe semestral y el plan anual de trabajo para el segundo año de la LXV Legislatura”, publicó Pepe Yunes en sus redes sociales. *** “Queremos honestidad y transparencia en el manejo de los recursos. Hoy más de 250 mil millones que deberían ser reserva se usaron por el gobierno de Morena por una mala planeación presupuestal”, explicó el legislador veracruzano. *** En este mismo espacio se anticipó: las autoridades municipales no pueden ser rehenes de grupúsculos que amenazan con impedir el acceso al agua potable que requieren los ciudadanos. *** Los pobladores del Llanillo comunidad del municipio de Las Vigas mantienen cerradas las válvulas que distribuyen agua a Xalapa. Exigen, para reabrir las válvulas, la pavimentación de la carretera que los comunica con la cabecera municipal. Hay, por supuesto, una motivación política atrás de este acto, y las autoridades deben actuar en consecuencia.
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