Decía aquel poeta inglés Alexander Pope: “El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera”.
A quienes gobiernan en Veracruz les está ocurriendo justo eso: como aquel que trata de evadir a sus acreedores, el gobierno estatal se ha inventado múltiples escenarios tratando de convencer a los trabajadores estatales de la educación (no sólo maestros) de que “ya pronto” se les habrá de cubrir lo que les corresponde por el aumento salarial ordenado por el presidente López Obrador.
Luego de que el propio gobernador admitiera que no contaba con los recursos para hacer dicho pago, alguien le advirtió de la crisis que estaba provocando, y se apresuró a inventar cuentos con el fin de minimizar el retraso en ese pago y asegurar que “ya está todo arreglado” y que antes de finalizar el 2022 se habrá de liquidar.
En esta crisis han caído en múltiples baches.
En primer lugar, es mentira que esté “garantizado” que les cubrirán ese adeudo en la primera quincena de diciembre. No hay más garantía que la palabra del gobernador, del secretario de Finanzas y del secretario de Educación, los mismos servidores públicos que ya les quedaron mal, pues no les pagaron el mismo día que recibieron el aumento los empleados federales.
No es, como lo plantea el secretario de Finanzas, José Luis Lima, un “bono del bienestar”. Los bonos son pagos de una sola exhibición y la mayoría de las veces se manejan como “estímulos” a la productividad. No, lo que hoy se les debe a los empleados del sector educativo es un aumento salarial, con su respectiva retroactividad.
El gobierno federal nunca consideró hacerle llegar al de Veracruz los recursos para este pago. Lo que recibirá la administración estatal es un “rescate financiero”, para resolver una parte –no todo- del déficit presupuestal en el que ha caído, una vez más.
El déficit es superior a los 5 mil millones de pesos y la aportación de la Federación no llegará ni a la mitad de esa cifra, de la cual habrá de tomar 700 millones de pesos para cumplir el compromiso con el magisterio.
El reclamo de los maestros y las críticas al gobierno por el incumplimiento de este compromiso, no es “politiquería” como algunas plumas al servicio de la administración estatal lo pretenden plantear. Es el justo reclamo de un derecho laboral, que no ha sido atendido por la instancia que debería ser ejemplo en el respeto de los derechos de los trabajadores.
No es –pues- descabellado que se le compare a este gobierno con el de Javier Duarte: “Cuando veo un pájaro que anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, lo llamo pato”.
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Epílogo.
Los padres de familia de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ETI) número 67 de Álamo, están desesperados y muy preocupados por la atención educativa a sus menores. *** En esa escuela, durante el acto cívico del lunes 17 de octubre, varios alumnos sufrieron desmayos y en principio se habló de una posible intoxicación. *** En ese momento se suspendieron las clases y se inició una investigación. Días después, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Isela Rodríguez, aseguró que las pruebas de laboratorio han dado negativo a consumo de sustancias prohibidas y el gobernador Cuitláhuac García retomó la postura del gobierno federal y aseguró que se trataba de un caso de “psicosis colectiva”. *** “Si fue psicosis colectiva, como dice el Gobernador ¿por qué no abren la escuela? Nuestros hijos se están atrasando”, indicó la madre de uno de los alumnos de esa institución. *** Mientras tanto, este martes el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, confirmó que siete alumnos del Ilustre Instituto Veracruzano, en el puerto de Veracruz, consumieron Clonazepam, lo que les provocó una intoxicación y obligó a la movilización de personal de Protección Civil y de la policía estatal. *** En las investigaciones fueron encontradas 30 pastillas de ese fármaco en posesión de dos jóvenes. *** El diputado de Perote, Paul Martínez Marie admitió este martes que no le han informado al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) cuáles fueron las “irregularidades” detectadas en su informe de la Cuenta Pública 2021, que provocó que dicho informe fuera rechazado en el Congreso local. *** “Derivado de unas irregularidades fue que se le regresó, pero no se puede regresar por partes, se regresa completa. Precisamente vamos a tener una reunión con la Comisión (de Vigilancia) para poder apoyarlos a que hagan un trabajo más rápido, pero de mayor eficiencia y calidad, más enfocado a los detalles que nosotros detectamos”, explicó el diputado. *** “Ya se los hicimos saber de manera general pero quieren que seamos más específicos. Lo vamos a hacer y tenemos de plazo esos 90 días para que ellos nos entreguen y revisar de nuevo la Cuenta Pública”. *** Total, que nadie ha señalado un solo caso, en el informe, que resulte “irregular” y cada vez se fortalece más la percepción de que lo que en realidad quieren es “negociar” algunas solventaciones.
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