Prefacio.

A pesar de que forma parte de la estructura docente de la Universidad Veracruzana (UV), el gobernador del estado se niega a admitir que está reduciendo, de manera ilegal, el presupuesto de esa casa de estudios. *** Que la propuesta de presupuesto para la UV haya llegado al Congreso, no le otorga la categoría de “constitucional”. Esa calificación se obtiene con el puntual cumplimiento de lo que establece la Constitución en esa materia, algo que no sucedió. *** Que el gobierno estatal le haya asignado a la UV recursos adicionales hasta por 3 mil 325 millones de pesos, tiene dos probables explicaciones: la primera, que esté saldando pasivos que la administración estatal tiene con esa casa de estudios. *** La segunda, que –como suele hacerlo este gobierno- utilice la limitación de recursos para mantener un control sobre esa institución autónoma. Lo mismo hace con el Poder Judicial y con la Fiscalía del Estado: les asignan menos recursos y en la segunda mitad del año le condicionan una eventual ampliación presupuestal, a que acaten sus lineamientos, esto es, que se olviden de su “autonomía”. *** El propio gobernador confirmó esa estrategia, al anunciar que “en el segundo semestre del próximo año” se reuniría con el rector para “establecer algunos acuerdos financieros que pudieran surgir”. *** ¡Qué rápido aprendieron las mañas del servicio público!

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Aunque con una inexactitud en el articulado al que hace referencia (pues en diciembre del 2017 se modificó la numeración), el exgobernador Javier Duarte de Ochoa salió a los medios de comunicación a explicar su actual situación jurídica.

Como en este mismo espacio se ha explicado, por su carácter de “primo-delincuente” (esto es, que por primera ocasión comete un delito), Javier Duarte tiene derecho a gestionar su preliberación por la sentencia que actualmente cumple en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pues ya cumplió más del 50% de la misma.

Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz le inició una nueva carpeta de investigación, por su presunta participación –de forma indirecta- en la comisión del delito de desaparición forzada.

La actual Fiscalía de Veracruz le dio seguimiento a esa carpeta de investigación iniciada por el anterior titular, Jorge Winckler Ortiz (hoy recluido en Almoloya de Juárez) y pretende aplicar al exgobernador lo considerado en el artículo 318 Sexies, que establece: “se sancionará, a quien sin ser autor o partícipe, incurra en alguna de las conductas relacionadas con este delito, conforme a lo siguiente: I. Ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de cualquiera de los delitos de desaparición forzada de persona o su equiparado, con pena de cinco a diez años de prisión y multa de doscientos a mil días de salario”.

Javier Duarte explica que todos aquellos que fueron acusados de participar en la desaparición forzada de un elemento de la policía estatal, hoy gozan de libertad, por lo que la acusación en su contra deberá seguir el mismo destino.

Se refirió específicamente al exfiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, a la exdirectora de Investigaciones Ministeriales, Rosario Zamora, y al exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza.

En efecto, Duarte de Ochoa admite que la Fiscalía presentó más de 50 elementos de prueba para conseguir su vinculación a proceso, pero advirtió que en sólo dos de ellas se le señala a él, y una fue desestimada en la propia audiencia por el juez de control.

Se trata del señalamiento del exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, pues quedó demostrado –y para ello hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz- que dicha imputación fue obtenida mediante tortura.

Mismo caso, dijo, el del exdirector de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien también declaró que la declaración en contra del exgobernador le fue sacada mediante tortura.

Para Javier Duarte es muy importante recalcar que no fue señalado de incurrir en el delito de desaparición forzada de personas (“incluso durante la audiencia le pregunté de manera directa a la Fiscal si se me señalaba de haber cometido ese delito, y ella respondió claramente que no”) y para reafirmarlo explica que el juez de control le dictó como medida cautelar “prisión preventiva justificada”, cuando –de haber sido señalado de desaparición forzada- le habrían impuesto prisión preventiva oficiosa.

Para entender la postura de los actuales mandos en la Fiscalía de Veracruz, Javier Duarte advirtió que su pretensión es retrasar su liberación, y para ello se respaldan en una “chicanada jurídica” que terminará por ser rechazada en otras instancias judiciales.

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Epílogo.

Sería importante que la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) saliera a explicar los términos en los que pretenden indemnizar a la familia de Feliciano Leal Ramírez, un personaje que acompañó a Dante Delgado Rannauro en un largo trecho de su trayectoria política. *** La familia de Feliciano Leal –fallecido en junio del presente año- se dice sorprendida e indignada por la minúscula suma que pretende entregarles el partido. *** está claro que por encima de consideraciones jurídicas, en el tratamiento de este asunto debe quedar implícito el reconocimiento a un militante que se entregó a la causa sin medir horarios o días hábiles; un convencido de las bondades de la propuesta política del fundador de Movimiento Ciudadano. *** Justicia con los de casa, para poder exigir lo mismo a los ajenos. *** El nuevo secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, promete que se dará cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la muerte de civiles en el interior del cuartel de San José. Anuncia, además, la implementación de un protocolo para los casos de aprehensiones administrativas, y el seguimiento de los casos en los que sus elementos están acusados de desapariciones forzadas. *** Con el afán de dar crédito a sus palabras, el funcionario podría empezar por informar si ya se iniciaron carpetas de investigación contra los policías que provocaron la muerte de dos ciudadanos detenidos en el cuartel de San José, si ya se actuó contra los mandos que encubrieron esos crímenes, y si ya tienen identificado al responsable de la desaparición y homicidio del policía estatal Juan Alan Cuetero “Archie”. *** Luego de difundir que “arrasó” en la medición de aplausos durante la presentación del informe del gobernador, en Pánuco, la semana pasada, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar una buena relación con el magisterio y se dijo convencido de que “están contentos por lo que hemos venido haciendo”. *** Sin embargo, el pasado domingo, durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, esos mismos maestros que “tanto lo quieren”, sacaron cartulinas para protestar por la falta de pagos. *** Elizabeth Morales contrajo matrimonio con Zoé Gamboa, el pasado sábado. Ambas mostraban gran felicidad en sus rostros. *** Con una importante carrera en la política y el servicio público, Elizabeth Morales decidió compartir con familiares y amigos la felicidad que vive con su pareja y en una emotiva ceremonia confirmaron su decisión de acompañarse por siempre. ¡Muchas felicidades!

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