Son tres los órganos autónomos del estado que, por así disponerlo la Constitución local, deben recibir como mínimo, un porcentaje específico del presupuesto general del estado: la Universidad Veracruzana (4%), el Tribunal Superior de Justicia (2%) y la Fiscalía General del Estado (1.5%).
En el actual gobierno, de manera sistemática se ha incumplido lo que establece la Constitución, pues se les asigna a esos entes autónomos menos recursos de los que por ley les corresponde.
La Universidad Veracruzana (UV) es la única que hasta ahora ha levantado la voz para reclamar el estricto cumplimiento de lo que dispone la Constitución.
En un documento enviado al Poder Ejecutivo y al Congreso local, la UV exigió la asignación del 4% del presupuesto general del estado por lo que espera que para el próximo año le correspondan 8 mil 569 millones 392 mil pesos, y no los 5 mil 844.4 millones de pesos que están considerados en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2023.
“La Universidad Veracruzana (UV) solicitó al Congreso del Estado que el próximo presupuesto para esta casa de estudios se otorgue apegado al Artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Donde se establece que el monto económico que se asigne a la Universidad no podrá ser menor al 4% del total del presupuesto general del Estado y que, en ningún caso, el monto del presupuesto puede ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior”, informó ese centro de estudios.
Ya se ha mencionado en este mismo espacio, pero es menester recordarlo: la trampa está en la mañosa interpretación que el gobierno del estado le dio al término “presupuesto general del estado”, exclusivamente para efectos de calculas los porcentajes que habría de asignar a los organismos autónomos.
El artículo 72 de la Constitución local fue reformado en septiembre del 2020, con el fin de castigar las asignaciones presupuestales de la UV, la Fiscalía y el Poder Judicial.
La fracción primera de dicho artículo establece: “Cuando en esta Constitución se haga referencia al presupuesto general del Estado, esto se entenderá como el estimado total de ingresos y egresos aprobados por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente”.
Sin embargo, en la fracción segunda se hace una acotación: “En el caso de órganos, organismos autónomos del Estado o entes públicos a los que esta Constitución o las leyes les asignen porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición”.
Esa es la trampa, por cierto demasiado burda y de la que podría combatirse su inconstitucionalidad en los tribunales federales.
Con toda seguridad en las próximas horas saldrá el secretario de Finanzas a presentar sus cálculos, hablar de los “ingresos de libre disposición” y, en un descuido, hasta presumirá que se le asigna a la UV un presupuesto superior al 4%, lo que –por supuesto- resulta absurdo.
El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado, que ya fueron cooptados por el Poder Ejecutivo, no se atreverán a protestar por este trato. Seguirán agachando la cabeza y tomando los recursos que les asignan, con la esperanza de que al final del ejercicio anual los “rescaten” con fondos adicionales.
El legítimo reclamo de la UV puede dar pie para que se derogue esa fracción del artículo 72, por resultar lesivo para la viabilidad financiera de los órganos autónomos.
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Epílogo.
“Mi jefecito, el que me rescató, el que me dio este cargo y este humilde salario, es el mejor gobernador que ha tenido Veracruz”. *** No crean que la expresión de la señora Waltraud Martínez Olvera, Jefa del Programa de Gobierno, fue producto de la enorme gratitud que siente por Cuitláhuac García. No, en realidad es consecuencia de una detallada investigación, como lo demuestran sus palabras: “Me llena de orgullo coincidir con el mejor gobernador que ha tenido Veracruz en la historia reciente. Esto podría decirlo a título personal, pero estoy segura de ser portavoz de miles de veracruzanos”. *** Ya está seguro el bono de fin de año. ***La cuota de peaje en el tramo La Antigua-Veracruz, es estatal y, por lo tanto, fue el gobierno de Veracruz l que autorizó que se incrementara el precio. *** El paso para vehículos ligeros y camionetas, que costaba 65 pesos, ahora es de 73 pesos, lo que significa más del 12% de aumento, por lo que no se puede argumentar que se esté actualizando con los índices inflacionarios. *** Esa caseta de peaje, por cierto, la tiene concesionada una de las empresas constructoras de la familia Ruiz Ortiz, los mismos que financiaron la campaña a la gubernatura de Miguel Ángel Yunes Linares quien, en reciprocidad, les otorgó una ampliación de la concesión, a pesar de que durante su bienio aún no vencía. *** Y hay quien sugiere que los Yunes de El Estero ya pactaron con la 4T, ¿será?
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