Asimismo se precisarán los subejercicios presupuestales en donde destaca SIOP y la Secretaría de Salud y las comprobaciones de dudosa validez de parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
Luego de dos rondas de conversaciones, una con la Comisión de Vigilancia y la otra con el propio Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Juan Javier Gómez Cazarín, -que fue quien llevó el mensaje del gobernador a Delia- se determinó preparar el dictamen final y aprobación de la cuenta pública 2021.
Habrá que recordar que el rechazo a dicha aprobación se sucede luego de quedar al descubierto la cloaca que impera en ORFIS en donde el tráfico de moches alcanza los mil millones de pesos por lo que el Congreso del estado adelantó que no aprobaría la Cuenta Pública 2021 que registró un daño patrimonial superior a los 3 mil 299 millones de pesos.
El informe de ORFIS, ha sido uno de los más polémicos que se ha entregado al Congreso local, ya que se presentó en medio de acusaciones de presuntos "moches" de parte de asesores para "limpiar" Cuentas Públicas, y contratación de despachos irregulares.
Asimismo se presentaron testimonios documentales de al menos 30 de 34 alcaldes salientes que dieron fe que presentaron en tiempo y forma, sus estados de cuenta ante ORFIS quien para consumar sus transas decidió archivarlos para en la víspera exigirles en la víspera moche.
Las cuotas o moches a alcaldes oscilaron entre 300 mil a un millón de pesos promedio.
ORFIS ha manifestado que los 212 ayuntamientos tienen observaciones y que en 34 entes estatales se presume daño patrimonial, sin embargo, el órgano siempre quedó bajo sospecha.
Aun así, emitió 3 mil 290 observaciones. 133 observaciones fueron en contra de entes estatales, por un monto de 189 millones 899 mil 820.84 pesos.
Durante el proceso de Fiscalización fueron practicadas mil 012 auditorías algunas de ellas bajo sospecha por la mochada que exigían los enviados de ORFIS, lo cual dio lugar al despido del Director Jurídico de ORFIS, Felipe de Jesús Martín Carreón, destapando la cloaca de corruptos ahí incrustados entre los que destaca Gerardo de la Fuente Rivera, Subdirector de Auditorías a Municipios.
Fueron millones de pesos los que se “palomearon” dando lugar a actos de corrupción, así como la tosca maniobra de entregar las cuentas municipales a despachos contables consentidos -RBA, Contadores Públicos y Asesores y CARMO -cuyo propietario este último es Luis Leonel Díaz Figueroa- todos responsables de maquillar las cuentas.
Hoy, por lo pronto, Delia González Cobos está advertida. Segunda llamada… segunda.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
