Los riesgos eran los mismos (quizá mayores) que los que enfrentaban las fuerzas armadas de México el 17 de octubre del 2019, cuando capturaron por primera vez a Ovidio Guzmán López (el segundo apellido es mera coincidencia) y que tuvieron que dejar en libertad por órdenes directas del presidente de México.
Hoy hay quienes explican este nuevo operativo para capturar al hijo de Joaquín Guzmán “El Chapo”, por la proximidad de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como una especie de “ofrenda”.
Lo cierto es que, al menos hasta aquel primer “culiacanazo”, Ovidio Guzmán no tenía orden de aprehensión por parte de alguna instancia judicial mexicana, salvo aquella “con fines de extradición” por los procesos que le iniciaron en Estados Unidos.
La recaptura de Ovidio Guzmán tuvo múltiples consecuencias. En Veracruz, por ejemplo, pasó a segundo plano la ola de ejecuciones ocurridas el pasado fin de semana en Poza Rica, las que el gobernador Cuitláhuac García ya determinó que obedecieron a una “guerra entre bandas” del crimen organizado y este jueves modificó la cifra de detenidos por esos ataques: ahora son siete.
El estallido de la violencia en Poza Rica no es, sin embargo, un caso menor. Como bien lo explicó esta semana el analista Héctor de Mauleón, la primera señal de este choque fue la aparición del cuerpo sin vida de quien fuera comandante de la policía municipal de Espinal, José Luis Quinto.
En el norte de la entidad narran (en voz baja, por el temor a represalias) que las cosas en Poza Rica y sus alrededores se mantenían en un nivel “controlable”, porque el jefe de plaza del grupo criminal que domina la región (una persona que, dicen, opera desde una comunidad en la sierra que divide a Puebla y Veracruz) mantenía con las autoridades un pacto de “no agresión”.
El clásico: “no me calientes la plaza y yo no te molesto”.
Sin embargo, el pacto empezó a romperse a partir de las elecciones del 2021. Otro grupo delictivo de la zona, conocido como “Los Pelones”, pasó de ser grupo de choque de grupos políticos, a participante activo en el proceso electoral.
En las elecciones intermedias, sin embargo, los candidatos de “Los Pelones” fueron derrotados, y en busca de alternativas para mantener o mejorar sus ingresos económicos, decidieron asumir un papel más protagónico en las actividades ilegales de la región, lo que provocó que desde la sierra se hiciera un llamado a las autoridades de Veracruz para que respetaran el acuerdo, o “habría consecuencias”.
Durante un buen tiempo las cosas no pasaron a mayores, porque había un interlocutor con suficiente autoridad para evitar que estallara la violencia. Los que de esto saben aseguran que el mediador en este conflicto era el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pero tras su fallecimiento (producto de una prolongada enfermedad) ya no hubo quien supiera contener a los grupos en conflicto.
Las ejecuciones ocurridas el pasado domingo -narran- fueron el aviso de ese grupo criminal para que las fuerzas del orden que operan en la región “se pongan las pilas” y le pongan freno a esa otra banda que pretende invadir “su territorio”.
Los detenidos -aseguran- los pusieron los mismos autores de los ataques, como señal de que quieren mantener los acuerdos, pero exigen respeto.
No nos debe sorprender esta versión. Los gobiernos de Morena, como los emanados del PRI y del PAN, han negociado siempre con las bandas dominantes, Prefieren arreglarse con uno, que se encargue de mantener la calma, que dedicarse a contar los muertos en una guerra entre grupos criminales.
No les crea cuando le digan que ellos “no son como los de antes”.
* * *¨
Epílogo.
Y mientras tanto, la violencia se extiende por todo el territorio veracruzano. *** Este jueves fue localizado un cuerpo humano desmembrado, que fue arrojado en las calles de la comunidad Los Mangos, en el municipio de Yanga. *** Habitantes de esa comunidad detectaron los restos cerca de la Pirámide y lo reportaron a las autoridades. *** Mientras tanto, en el municipio de Amatlán, fueron hallados dos los cuerpos sin vida, con huellas de haber sido ejecutados a balazos. Los cadáveres fueron arrojados en la carretera que conduce a Ojo de Agua Chico. *** Los cuerpos corresponden a dos personas cuyas edades entre los 25 y 30 años, aunque no habían sido identificados. *** Un supuesto “rescate” del Sector Salud, ha destacado entre las grandes mentiras del actual gobierno estatal. No sólo no hubo tal rescate, sino que los servicios de salud en la entidad se han deteriorado de manera alarmante. *** Pero los actuales servidores públicos se niegan aadmitir sus fallas y persisten en castigar a uno de los sectores más sensibles para la sociedad. *** Trabajadores de los Servicios de Salud de Veracruz demandaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García para que frene los despidos injustificados de trabajadores, algunos de los cuales tenían casi 30 años de antigüedad. *** Estos trabajadores despedidos, que conocen al sector salud desde sus entrañas, aseguran que de hace tiempo se han estado presentando irregularidades en Salud de Veracruz, especialmente violaciones a los derechos laborales. Señalaron como responsables de estos despidos, a Jorge Luis Reina Reyes, director jurídico de Sesver y al doctor Julián Morales, director de protección contra riesgos sanitarios.
filivargas@gmail.com |
