La denuncia priista por la -al menos- “sospechosa” actividad empresarial de una empleada administrativa de la Secretaría de Educación (SEV), de nombre Araly Rodríguez Vez, ha generado más ruido que el que pudieron haber calculado en el gobierno estatal.
La admisión, por parte del gobernador Cuitláhuac García, de que el uso de esta persona como representante (“testaferro”, se le llama) la ubicación de su domicilio fiscal en una humilde tiendita de una colonia de bajo nivel económico, da muestras de que todo fue un tinglado que tenía como fin ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de los contratos.
La SEV ya salió a informar que Araly Rodríguez, en efecto, tiene cubre un interinato en el ámbito administrativo, y ahora es el DIF el que se apresura a informar que los contratos realizados con esta persona “se cumplieron a cabalidad” y que la calidad de los productos adquiridos por esa dependencia, correspondieron a los requerimientos.
Nadie había puesto en duda eso. El esquema es, a todas luces, muy similar a las empresas “fantasma” que fueron detectadas durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, que permite la comisión de muy diversos delitos, desde la evasión de impuestos, hasta el tráfico de influencias (la empresa podría ser propiedad de alguien de este mismo gobierno, que sería juez y parte) o, incluso, delitos más graves como el lavado de dinero y hasta delincuencia organizada.
La directora del DIF estatal, Rebeca Quintanar, informó además que Araly Rodríguez está dada de alta en el padrón de proveedores de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por lo que no sospecharon ninguna irregularidad.
La licitud de estas operaciones debió ser revisada por los titulares de los Órganos Internos de Control, mientras que la Sefiplan debe salir a explicar cómo dio de alta a esta persona, sin verificar que tuviera el capital, los implementos y la capacidad operativa para cumplir con los contratos que pudiera obtener.
El propio delegado de Programas para el Desarrollo de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, salió a opinar sobre este tema y planteó que debe haber investigación y transparencia.
“Tiene que haber transparencia, todo se tiene que aclarar y para eso hay órganos autónomos del nivel federal, la Cámara de Diputados, el Orfis, los órganos de fiscalización y todo el mundo está viendo lo que ocurre ahí”.
Pidió, sin embargo, que no comparen este incidente con lo sucedido en el gobierno de Javier Duarte.
“No comparen, en el gobierno de Duarte fueron 80 mil millones de pesos los que se llevaron. En el caso de Duarte fue distinto porque a él lo llevamos a un juicio político, me consta porque Fidel Robles lo elaboró y estuvimos trabajando; presentamos media tonelada de pruebas y el PAN y el PRI lo protegieron, entre ellos los hijos de Salinas”.
Sin embargo, admitió que hay anomalías que deben ser aclaradas.
“No digo que ahora sea poquito, está investigándose; yo no sé, ustedes me preguntan y dicen cosas que yo no digo que no, yo digo que tiene que haber investigación”.
Manuel Huerta, sin embargo, debe atender a sus propios demonios. Hay ya una denuncia porque, dicen, ha utilizado los programas sociales que él coordina, para promoverse como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno estatal.
El diputado local y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, dio a conocer que la queja ya fue presentada y hay antecedentes de servidores públicos con el cargo que tiene Manuel Huerta, que han sido sancionados por hacer mal uso de los apoyos del gobierno.
Conforme pasa el tiempo, los funcionarios de Morena se enredan más en explicaciones no pedidas. El discurso del “gobierno honesto” y de “no ser como los de antes”, se cae a pedazos.
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Epílogo.
La disposición al diálogo del alcalde de Altotonga, Ignacio Morales, y del delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Ramón Álvarez, permitió que la semana pasada se desactivara un movimiento de protesta. *** Pobladores y transportistas de la región bloquearon la carretera federal 131 Perote-Teziutlán, en el tramo Altotonga-Atzalan, a la altura de la comunidad de Santa Cruz, debido a las malas condiciones en las que se encuentra esa vía para transitar. *** Aunque el reclamo no iba dirigido al ayuntamiento de Altotonga, pues los trabajos no corresponden a sus atribuciones, Nacho Morales acudió a dialogar con los manifestantes, y en compañía de Rogelio Hernández Madrid, representante de la (SICT), atendieron las demandas y se comprometieron a darle seguimiento al tema. Bien. *** Los veracruzanos exigen justicia, paz y un progreso económico ante una pobreza, marginación y desigualdad generada por la falta de empleos, expresó este domingo la Arquidiócesis de Xalapa en su comunicado semanal. *** “La búsqueda de la verdad, de la justicia y de la paz, en nuestro estado veracruzano, se hace cada vez más necesaria, debido a toda la pobreza, desigualdad y falta de empleos que hasta el día de hoy demandan los veracruzanos”, expresó la Iglesia Católica.
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