Y “coincidentemente”, en el caso de Araly Rodríguez –la maestra que gana menos de diez mil pesos al mes y a la que según esto ya hasta “corrieron” de la Secretaría de Educación, pero le dan megacontratos millonarios-, la Sefiplan nunca revisó si el domicilio fiscal proporcionado, en la calle Huelva no. 12 de la popular colonia Higueras de Xalapa, era auténtico, que como ya está visto no lo es, pues ahí hay una tienda de abarrotes con paredes de hormigón, sobre una calle sin pavimentar y en donde no conocen a la contratista “consentida” de la administración de Cuitláhuac García.
Según Lima Franco, la Secretaría de Finanzas solo revisa en papel la documentación y no hace visitas a los domicilios para verificar si son realmente la sede de una empresa, aunque se le asignen contratos millonarios y sin licitar. No, pues cuánta “confianza” les debió “inspirar” Araly para soltarle semejantes contratos y en diferentes dependencias, durante varios años, ¿no?
Solo que ni siquiera hace falta ir en persona para hacer una inspección simple. Con colocar en Google Maps la dirección, aparece exactamente lo que hay en ese punto. Los pretextos de Lima Franco son de niño de primaria.
Las burdas e inverosímiles explicaciones que desde la semana pasada han farfullado las autoridades veracruzanas lo único que demuestran es el grado de descomposición y de complicidad dentro del gobierno estatal, donde claramente se está buscando proteger a quien en realidad está detrás del negociazo, que no es otra cosa que un esquema de desfalco al erario a través de la triangulación de operaciones financieras a una persona que, hasta ahora, seguimos sin conocer físicamente.
Y el asunto es todavía más grave porque una de las dependencias involucradas, la Secretaría de Salud, maneja recursos federales, por lo que una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría arrojar responsabilidades incluso de tipo penal de las que los responsables difícilmente podrían zafarse, a diferencia de lo que previsiblemente ocurrirá con lo que pueda señalar un organismo maniatado y bajo presión política como el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), en donde también existe evidencia de tratos con Araly Rodríguez Vez, como se documentó en este mismo espacio el pasado viernes, vía la Plataforma Nacional de Transparencia.
En el colmo del cinismo y la caradura, este lunes apareció en una casa de mayor tamaño, en la misma zona de la tienda de abarrotes, una hoja con el nombre de Araly Rodríguez Vez y un logo malhecho que pretende hacer las veces de rótulo de la sede de unas oficinas, lo cual indica que en breve intentarán decir que ahí está la sede “real” de la “empresa” y que seguramente hubo un “error” de ubicación.
Pero no hay ningún error. De entrada, porque no hay ninguna empresa. Araly Rodríguez Vez está dada de alta en el padrón de proveedores de Sefiplan como persona física. Salir con que la “empresa” lleva tal cual su nombre es una tomada de pelo. Máxime, si retomamos que el propio gobernador Cuitláhuac García aseguró que la maestra de la escuelita de Poza Rica no era la “dueña”. ¿Cómo podría llevar entonces una empresa su nombre completo como razón social?
El lodazal en el gobierno de Cuitláhuac García está brotando imparable. Y lo que falta por descubrir. Como que una sobrina del presidente López Obrador “trabaja” en la Secretaría de Salud estatal, para no variar.
No, pues sí que son “diferentes”.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras |
