Apenas hace un mes (el 17 de enero) familiares de Miguel Ángel Sulvarán Xolo, quien fue asesinado en octubre de 2021, externaron su preocupación, porque el caso “podría caérsele” a la Fiscalía General del Estado (FGE). Informaron que un juez federal le concedió un amparo al joven que fue detenido y presentado como presunto autor material del crimen, Óscar Felipe “N”.
María Esperanza Xolo, madre de la víctima informó que un Tribunal Colegiado en materia penal estaría por confirmar el amparo y dejar al detenido libre de dicho crimen.
Convencida de que el detenido fue el responsable del homicidio, la madre reclamaba:
“A mi hijo lo privaron de la vida hace un año y ahora el homicida está a punto de salir de la cárcel porque un juez federal le concedió un amparo; un amparo totalmente fuera de la legalidad”.
Este martes, sin embargo, se dio a conocer el contenido de la Recomendación 091/2022 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y dirigida a la FGE.
En el documento emitido por el organismo autónomo, se apuntan circunstancias que justifican la decisión del juez federal: Óscar Felipe fue detenido el primero de noviembre del 2021, por elementos de la Policía Ministerial que no contaban con una orden de aprehensión en su contra.
El 09 de noviembre fue vinculado a proceso por el delito de… ¡ultrajes a la autoridad! Si, esa herramienta tan utilizada por nuestros cuerpos policiacos cuando carecen de argumentos jurídicos para actuar.
El Informe Policial Homologado (IPH) narra que cuando la camioneta con los agentes circulaba por Banderilla, observaron a dos jóvenes “guardando bolsitas de plástico, que parecían contener una hierba verde”, los que al percatarse de su presencia los insultaron y los arrojaron una piedra.
Fue hasta el 10 de noviembre, más de una semana después de su detención, cuando se ejecutó una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de homicidio en contra de Miguel Ángel Sulvarán.
Pero esa no fue la única “inconsistencia” en la actuación de los Policías Ministeriales.
En su informe relataron que la detención se realizó a las 6 de la tarde, cuando en realidad tuvo lugar dos horas antes. El tiempo transcurrido entre su detención y el momento en el que fue presentado a la Fiscalía, fue utilizado por los agentes ministeriales para torturarlo.
Hay exámenes médicos que confirman que Óscar Felipe fue torturado y abusado sexualmente, con el fin de obligarlo a confesarse culpable de un delito por el que, en el momento de su detención y de su tortura, todavía no se contaba con una orden de aprehensión.
Miguel Ángel Sulvarán Xolo, originario de San Andrés Tuxtla, pero radicado en Xalapa, fue asesinado en su domicilio. El cuerpo mostraba huellas de estrangulación y hasta 20 puñaladas en el pecho, además de moretones y cortes en las muñecas.
La presunción de inocencia está contemplada en nuestra Carta Magna y en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y señala claramente: “Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código”.
No sé si Óscar Felipe fue responsable del homicidio de Miguel Ángel. Lo que sí sé, es que la Fiscalía General del Estado hizo lo necesario para descalificar su investigación, de manera que ningún juez podría sentenciar a un joven detenido ilegalmente y torturado.
Ahí está el origen de la impunidad.
La Comisión Estatal de los derechos Humanos dispone en su Recomendación, que la FGE investigue a los elementos que participaron en la detención, tortura y violación de Óscar Felipe, y se les inicie el procedimiento penal correspondiente.
Esperemos una pronta respuesta de la titular de la Fiscalía.
Es curioso. Apenas el pasado lunes, Verónica Hernández difundió imágenes de su presencia en Tuxtilla, acompañando al gobernador Cuitláhuac García a una entrega de viviendas.
El personal de la Fiscalía en el texto: “La Fiscal General celebra que el gobierno estatal, en coordinación con el federal y el municipal, dignifiquen la vida de las familias tuxtillenses, brindándoles seguridad patrimonial y servicios básicos, fomentando la unión familiar y con ello el refuerzo de los valores, generando paz y justicia social”.
Farol de la calle…
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Epílogo.
Y a propósito de abusos policiales, este martes la misma Fiscalía de Veracruz anunció que inició una investigación por la muerte de un joven que se encontraba detenido en una celda de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mecayapan. *** La madrugada de este martes, elementos de la policía municipal reportaron a las autoridades ministeriales sobre el fallecimiento de Rodrigo Hernández Martínez de 32 años de edad, quien fue detenido a petición de su madre, a la que habría golpeado, producto de los efectos del alcohol y las drogas. *** El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aclara que él no pretende victimizarse, pero insiste en asegurar que el señalamiento en su contra por el presunto delito de “violencia política en razón de género” tiene la intención de discriminarlo. “A todos los que somos afrodescendientes a través de 500 años nos han querido detener de muchas maneras”. *** Pero él insiste que no se está tirando al suelo: “Nosotros no recurrimos a la victimización, no queremos victimizarnos, lo que queremos es tener derechos plenos y en todo lo que viene, pues, también tendrá que haber la inclusión de los pueblos negros, en todo lo de vida política y pública de Veracruz y de México”. *** Por supuesto, derechos plenos para atacar verbalmente a una mujer, que además es legisladora, sin pagar las consecuencias.
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