La peor masacre registrada en la zona conurbada Veracruz-Medellín-Boca del Río fue, sin lugar a dudas, la de septiembre de 2011, cuando de dos camionetas de redilas de 3.5 toneladas fueron arrojados a media tarde 35 cadáveres –23 hombres y 12 mujeres, presuntamente ligados al cártel de Los Zetas– en el paso a desnivel del bulevar boqueño “Adolfo Ruiz Cortines”, a unos metros del monumento a Los Voladores de Papantla, frente a la concurrida Plaza Américas y en plena zona hotelera de la conurbación porteña donde se realizaba la reunión nacional de procuradores.

“Esto les va pasar a todos los zetamierdas que sigan en Veracruz, la plaza ya tiene nuevo dueño GN aki yace El Ferras y su corte real” (sic), señalaba una manta colocada sobre algunos de los cuerpos desnudos.

Ocurrió en el primer año de la administración del gobernador priista Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), cuando a esa región de la entidad arribó el grupo autodenominado “Mata Zetas” y que posteriormente sería identificado como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde entonces no ha habido otra masacre similar en esta región, pero los crímenes de alto impacto no han cesado.

El sábado 9 de noviembre de 2019, por ejemplo, fue ejecutado el diputado local priista Juan Carlos Molina Palacios en su rancho Santa Rosa del Alba, ubicado en la localidad de Rancho del Padre, en el municipio de Medellín de Bravo.

Molina Palacios, quien era dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), del PRI, fue asesinado coincidentemente después de que en mayo de ese año había subido a tribuna para exigir la comparecencia del entonces secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, debido a la creciente violencia existente en la entidad. También reprochó públicamente que los secretarios de despacho eran arrogantes y se creían dueños de Veracruz ya que ni a él y tampoco a los demás diputados, incluidos los de Morena, les contestaban el teléfono. También acusó que un alto funcionario lo había amenazado.

Juan Carlos era un fuerte aspirante a la diputación federal por el distrito de Cosamaloapan en 2021, pero no lo dejaron llegar. 

Exactamente un año después, el miércoles 11 de noviembre de 2020, la alcaldesa perredista de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, fue sustraída con todo y camioneta de su rancho “El Rincón” por un comando armado. El cadáver de la munícipe apareció abandonado en la localidad de Ixcoalco, en el municipio vecino de Medellín de Bravo.

El Ayuntamiento de Jamapa llevaba varios días en la agenda pública, pues Fernando Hernández Terán, presidente del DIF Municipal y cónyuge de Florisel Ríos, tenía una orden de aprehensión de la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto peculado y malversación de recursos públicos. En Palacio de Gobierno lo acusaban de utilizar su cargo para buscar suceder a su esposa en 2021.

 Hace un mes, el domingo 22 de enero, en el puerto de Veracruz, fueron masacrados el excandidato de Fuerza X México a la alcaldía de Coxquihui, Fernando Pérez Vega, su chofer, esposa e hijos. “El Pino”, como lo apodaban, buscaba ser postulado en 2024 a la diputación.

La versión oficial fue que Pérez Vega fue ejecutado por sicarios del CJNG asentados en el puerto jarocho a petición de un jefe de plaza del mismo grupo criminal con el que disputaba el control de la zona Papantla-Poza Rica, en el norte del estado.

¿Será mera coincidencia?