Delia, es una mujer adulta mayor nacida en el sur de Veracruz y hoy vecina del puerto, quien por allá del año de 2010 solicitó un crédito para adquirir una vivienda, pero una tragedia personal que marcó su vida para siempre por significar la pérdida mas irreparable que una madre pueda sufrir dio un giro inesperado a su historia y la llevó a ser demandada por su acreditante al haber dejado de hacer los pagos mensuales.
Refiere cuantas veces se acercó a la financiera sin que hubiera podido resolver nada y así pasaron los años hasta que un día recibió una carta de edictos del Barzón, recuerda con gran arrepentimiento que tomó la carta y en lugar de acudir a buscar ahí mismo la ayuda.
Buscó a un abogado, el abogado le dijo haber tramitado un amparo con el que ella en ese momento señala recobró la tranquilidad, desafortunadamente no fue tratada con ética y honestidad, lo que motivó que se perdiera para siempre la oportunidad de presentar una defensa adecuada a sus circunstancias y al caso.
Fue nombrada rebelde por no contestar siquiera la demanda, y hoy casi cuatro años después recibió la notificación de desalojo; recordó entonces aquella carta que le llegó y buscó en internet, su paso es acompañado por una pesada maleta que contiene cientos de hojas, son su expediente del juzgado que logró obtener sin conocimientos legales y pidiendo piedad a su situación de inminente desalojo.
Me relata que buscó abogados hasta de la ciudad de México y que en ellos pagó quien sabe cuantas veces la deuda, sin que fueran los adecuados por no corresponder a la confianza que se les depositó.
¡¿Y cómo saberlo?! Me dice, -“si mi caso era como ir al médico para una operación, si te piden cincuenta los pagas, si te dicen vamos a repartir dinero lo das, viví todo el tiempo con taquicardias”, y así resume el miedo constante que sufrió.
Para colmo de su situación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una jurisprudencia que ha legalizado los desalojos al mejor postor, obsequiándolos a quienes resultan los nuevos dueños aún sin necesidad de tener escriturados los bienes a su nombre se trata de la 37/2019.
Fue la Primera Sala de la Corte, en donde fungió como ponente la Ministra Norma Lucia Piña Hernández votando a favor de su proyecto los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, y Juan Luis González Alcántara Carrancá siendo el único disidente el ministro Luis María Aguilar Morales, éste último quien hace honor a su apellido.
Pues es una cuestión de derecho, de justicia, y de moral, proteger a los ejecutados hasta el último momento con la posesión de sus viviendas para que puedan agotar todo tipo de recursos legales que les permitan una defensa oportuna y digna frente a todos los vicios y fallas del sistema financiero y de impartición de justicia antes de ser desposeídos de sus bienes, es decir, desalojados.
Lo contrario es tratarlos de un modo desigual, dándoles ventajas a los compradores o a los nuevos dueños que compran en “oportunidad” de remate lo que no se pudo pagar, y esas oportunidades generalmente vienen precedidas de abusos, de avalúos bajos de las viviendas para que puedan venderse fácilmente en ese mercado que lo que busca es la reventa, de la falta de acceso a la justicia, perdiendo los legítimos dueños su inversión, sus sueños y la protección de su familia del frío y de la intemperie.
Son graves la faltas, profundas las brechas y altas las deudas del Estado Mexicano para con sus ciudadanos en la obligación de tutelar el derecho a tener vivienda digna y decorosa.
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