Figuras y figurones.
Francisco Licona.
 

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Deudores alimentarios protegidos por la ausencia de ley
2023-04-19

La falta de cumplimiento legal de padres o madres no es un tema menor y debe ser estudiado, comprendido y corregido con todo rigor por el Estado mexicano, como parte de la corresponsabilidad Constitucional que tiene con la sociedad, ya que, a pesar de los avances en el andamiaje legal, el problema persiste. 


Evasores alimentarios se burlan con la complicidad de jueces, notarios públicos, familiares, jefes administrativos y patrones, para negociar modificaciones en conceptos y montos de sus percepciones y beneficios económicos para evadir cumplir con las obligaciones de ley con sus hijos como padres separados. 


Lo anterior es un crudo secreto a voces, oficial y práctica común que tres de cuatro hijos de padres y madres separados legalmente no reciben su pensión alimenticia a pesar de lo que dispone el artículo 236 del código aplicable. 


Actualmente se busca resolver problemáticas sociales como el bullying, la violencia juvenil o la violencia familiar, sin llegar a las causas. La sociedad actual no ha querido aceptar que hijos e hijas de padres divorciados son los que pagan los costos de malas decisiones y el rompimiento del matrimonio legal. Que muchos de los problemas sociales que hoy se sufren y manifiestan provienen de ahí precisamente.  


Por ello, las reiteradas propuestas que ha iniciado en el Congreso local la diputada Maribel Ramírez Topete del Partido Movimiento Ciudadano, propuestas de avanzada y socialmente necesarias que deben ser atendidas, aprobadas e instrumentadas como herramientas vitales para su aplicación inmediata y en concordancia con el grito y exigencia nacional. 


Es decir, el andamiaje jurídico en Veracruz debe ser preciso y en conjunción con el federal no dejar lagunas y portillos que permitan la evasión de esa humana responsabilidad. 


La diputada Ramírez Topete urge en su reciente iniciativa que funcione el Registro Estatal de Deudores Alimentarios (REDA) y se reformen los artículos 103 y 105 de la Ley del Notariado para que sea obligatorio estar al corriente de esa obligación antes de poder realizar trámites notariales relativos a la compraventa de bienes inmuebles o la constitución o transmisión de derechos reales, y tiene mucha razón puesto que progenitores irresponsables y sus abogados buscan cualquier recoveco legal para evadir su obligación. 


Además, de las reformas y adiciones a los artículos 55, 58 y 66 de la Ley de Tránsito y Transporte, para que licencias y permisos para conducir solo se otorguen a quien no esté inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA). Lo anterior como complemento a las disposiciones federales aprobadas en el Congreso de la Unión. 


Entrevistada por quien esto escribe, la diputada Ramírez Topete sostuvo que el Estado es corresponsable de que la sociedad adquiera una cultura de paternidad responsable, de humanizar la política y de ir al fondo de las causas de la problemática social y de violencia en todas sus manifestaciones… y tiene mucha razón. 


No es posible que leyes de la materia, aprobadas en las Cámaras de diputados y Senadores, sigan ahí, en el escritorio del presidente sin ser promulgadas. 


“No acepto que proyectos de decreto que inicié de acuerdo con mis facultades legislativas aquí en el Congreso de Veracruz, desde el 11 de marzo del año pasado, sigan esperando la aprobación del Poder Ejecutivo y Judicial estatal. Dicen que lo ven con buenos ojos, pero no camina, se trata de un proyecto de Decreto en completa armonía con las disposiciones federales aprobadas en el Congreso que pondría a Veracruz y a los veracruzanos en niveles de avanzada para alcanzar mejores estadios de una cultura de paternidad responsable”, señala la diputada Ramírez Topete. 


“Me comentan en la capital de la República que es muy probable que Presidencia promulgue la ley para que sea obligatorio el Registro Nacional de Deudores Alimentarios antes de que termine el primer semestre de este mismo año, pero aquí en Veracruz ni siquiera eso, no hay una fecha tentativa para que se apruebe el Decreto que incluye y haga obligatorio el Registro Estatal de Deudores Alimentarios que propuse desde el año pasado”, abunda. 


Es por ello que el complemento que acaba de proponer a su iniciativa del año pasado la diputada Maribel Ramírez Topete del Partido Naranja (MC), no debe ser soslayado y la ley debe ser apoyada y aprobada con puntualidad por el Pleno de la legislatura actual en Veracruz y hecha vigente por los poderes ejecutivo y judicial de Veracruz. 


Así, aunque las iniciativas son por demás humanas y precisas, habrá algunos diputados o partidos políticos que den línea para votar en contra o que las envíen al cajón de los olvidos, ya que es bien sabido que no pocos políticos y funcionarios públicos, de mucho peso, actualmente se aprovechan de las lagunas de la ley para evadir, también, sus obligaciones alimentarias.  


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