Y ella sola se contestó: “en gobiernos anteriores no daban información. ¿Qué pasaba en el estado, en el IVAI que estaba antes? ¿Tampoco daban la información? Ahí está la respuesta”.
Pero la verdadera respuesta para la andanada local que se inició contra el organismo garante del derecho a la información puede encontrarse más bien en otra parte.
Por ejemplo, en los propios nexos de Margarita Corro con personajes ligados a la delincuencia organizada en su distrito, como quien fuera señalado como presunto jefe de plaza de un cártel en Tierra Blanca, Francisco Navarrete Serna.
Detenido por fuerzas federales en 2016 como responsable de la desaparición y desintegración de los cuerpos de cinco jóvenes en un rancho de su propiedad, Navarrete Serna fue irregularmente liberado por deficiencias en la investigación de la PGR, tras de lo cual lanzó un periódico en octubre de 2019 –el Sol de Tierra Blanca-, a cuya inauguración acudieron la propia diputada local y el gobernador Cuitláhuac García. Murió ejecutado a balazos en mayo de 2020.
No es éste el único caso turbio sobre el que la “4t” quisiera desaparecer cualquier clase de información, lo que incluso ha llevado al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez al extremo de instrumentar persecuciones políticas, como la que marcó el inicio de su sexenio en contra de la ex presidenta del IVAI, Yolli García Álvarez.
La inquina de García Jiménez contra García Álvarez se debió a que en agosto de 2019, el IVAI le ordenó al gobierno estatal transparentar la adquisición en mayo de ese mismo año de 160 patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual se anunció una inversión de más de 208 millones de pesos.
El IVAI presidido entonces por Yolli García ordenó al gobierno de Cuitláhuac García dar a conocer el contrato de adquisición y/o arrendamiento de las patrullas, al proveedor, así como los expedientes de los procedimientos de licitación o adjudicación directa.
Al final, quedó exhibido que de las 160 patrullas, 50 se obtuvieron mediante compra de contado por 798 mil 800 pesos cada una, con un gasto total de 39.9 millones de pesos; mientras que las otras 110 fueron arrendadas por tres años, lo implicó un pago de 4.7 millones de pesos al mes y 168.5 millones de pesos en total, lo que significó un gasto extra de 80.6 millones de pesos, dinero que quién sabe quién de los “honestísimos” morenos se terminó embolsando.
Aunque el encono contra la ex presidenta del IVAI por la exhibición de uno de los varios casos de flagrante corrupción de esta administración estatal nos da una idea de cuáles fueron los “callos” que pisó y por lo cual, y a pesar de contar con un amparo, sigue encarcelada bajo cargos ridículos. El sello de la casa en tiempos de Cuitláhuac García.
Por eso odian la transparencia y la rendición de cuentas. Y no conformes con controlar políticamente al IVAI, en el que han colocado como comisionados a militantes de Morena, prefieren desaparecerlo.
No vaya a ser que quien llegue después destape la cloaca de este sexenio.
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