El diputado federal Pepe Yunes puso el tema sobre la mesa, aunque admitió que la iniciativa original había surgido de barras y asociaciones de abogados: iniciar un juicio político contra la actual magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
¿Motivos? Los hay de sobra.
Basta con que nos remitamos a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que en su artículo habla de las obligaciones de los servidores públicos del Poder Judicial, cuya inobservancia -advierte dicho artículo- “será causa de responsabilidad”.
Entre las obligaciones que deben cumplir, en la fracción tercera menciona: “preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función Judicial”.
Está claro que al convertir al Poder Judicial del Estado en el órgano ejecutor de los actos de represión del poder Ejecutivo (sobre lo cual, con seguridad, habrá múltiples testimonios) la magistrada presidente ataca, precisamente, la dignidad, imparcialidad y profesionalismo de quienes representan a esa institución.
La fracción novena de ese mismo artículo define como obligación de los servidores públicos “no realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona del mismo u otro Poder”.
Quien redactó eso debió tener dotes de adivino, pues es justamente lo que ha hecho la magistrada, al poner al Poder Judicial al servicio del gobernador.
Y uno más. La fracción décima define como obligación “no inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros
órganos del Poder Judicial”.
La juez Angélica Sánchez lo narra con detalle. Cuenta que cuando informó a la magistrada presidente sobre su decisión de negar la vinculación a proceso contra Itiel Palacios (producto del amparo de un juez de Distrito y su ratificación de un tribunal Colegiado), ésta montó en colera y la amenazó: “¡atente a las consecuencias!”, le habría dicho.
El proceso iniciado en contra de la juez combate, precisamente, la libertad de jurisdicción que tienen, por ley, todos los jueces.
La Ley sobre Juicio Político para el estado de Veracruz apunta en su artículo 12, que procede el juicio político cuando la actuación de los servidores públicos “afecte a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho” y en el artículo 13 especifica cuáles son los actos que afectan a los intereses públicos fundamentales. En su fracción tercera establece: “La violación sistemática a las garantías individuales o sociales”.
La fracción séptime contempla “cualesquier acción u omisión en forma intencional que origine una infracción a la Constitución Política o a las leyes del Estado, cuando cause daños o perjuicios o motive algún trastorno en el funcionamiento de los entes públicos”.
Respecto al ambiente que se vive en Veracruz, en materia de administración de justicia, Pepe Yunes señala: “Se hace presuponer que hay un total deterioro del Estado de Derecho en Veracruz y el uso faccioso y sesgado de las instituciones de justicia, lo cual es un proceso terrible y una alarma de que se está perdiendo la normalidad democrática”.
La voz del diputado federal pronto tuvo eco. En sus redes sociales, el abogado Tomás Mundo Arriasa se manifestó a favor de someter a los tribunales a los servidores públicos que atentan contra el estado de derecho: “Me sumo José Yunes a esta demanda de juicio político; somos muchos abogados que aportaríamos la experticia de cada uno. Necesitamos un poder judicial autónomo, que se rija por la legalidad”, escribió.
Hay algo que también reconoce el legislador: Morena tiene mayoría en los Congresos (local y federal), por lo que podrían derrotar cualquier solicitud de juicio político.
Pero a estos Congresos les queda poco más de un año, tiempo suficiente para construir una mayoría legislativa que les permita castigar a quienes han denigrado las instituciones de Veracruz.
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Epílogo.
Y mientras el gobierno estatal enfila sus baterías a la persecución de rivales políticos, el crimen sigue ganando terreno, justo ahí, donde nos aseguraban que ya había vuelto la tranquilidad. *** La noche del miércoles un joven fue asesinado a balazos cuando descendía de su vehículo, en el que iba acompañado de su familia. Esto sucedió en el ejido La Unión, localidad conurbada a la cabecera municipal de Álamo. *** Apenas hace tres semanas (31 de mayo) otro joven fue ejecutado a balazos, cuando viajaba en su motocicleta sobre la carretera Álamo-Ixhuatlán de Madero. *** Pero no sólo en el norte se les ha salido de control la seguridad. En la autopista Orizaba-Puebla, a la altura de la congregación La Estancia, fueron halladas bolsas negras que contenían restos desmembrados de dos mujeres y un hombre. *** Traileros que transitan por esa zona dieron cuenta de la presencia de las bolsas abandonadas a un costado de la autopista. Son ya tres los hallazgos de cuerpos abandonados en distintos puntos de esa autopista en lo que va del año.
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