El caso de la juez Angélica Sánchez no está cerrado. Los recursos jurídicos avanzan y exhiben graves violaciones al proceso.
Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Juez Segunda de Distrito le concedió la suspensión provisional contra la prisión preventiva justificada que se le impuso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
Esta suspensión provisional tiene como efecto que Angélica Sánchez Hernández quede a disposición del juzgado de amparo en el lugar de su reclusión por lo que hace a su libertad personal y a disposición del juez responsable para la continuación del proceso penal que se le instruye.
Mientras tanto, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) presentó una opinión jurídica, conocida como “amicus curiae” (amigo de la Corte), con relación al amparo solicitado por la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien buscaba evitar su detención, pero que las autoridades en Veracruz no respetaron.
El Instituto informó que continúa su respaldo a la juez Sánchez Hernández debido a las implicaciones que estas violaciones tienen en sus derechos y en las garantías de todas las personas.
“Amicus curiae” es una figura legal que permite a terceros, no involucrados directamente en el litigio, ofrecer su opinión jurídica, argumentos o recomendaciones vinculantes sobre algún punto de derecho o asunto relacionado, con el fin de colaborar con el tribunal en la resolución del caso.
En este caso, las opiniones presentadas resaltan presuntas omisiones y violaciones al debido proceso que habría sufrido la jueza.
El Juzgado Decimoquinto de Distrito en el estado de Veracruz admitió el “amicus curiae” dentro del amparo indirecto 540/2023 el pasado 3 de julio. El escrito fue firmado por la directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública, quien presentó diversos argumentos en relación a este incidente de exceso.
La defensa de la juez promovió un incidente el 19 de junio alegando exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, el cual consistía en no detener a la juez y la falta de acatamiento por parte de las autoridades judiciales y ministeriales de Veracruz.
Además, se requirió a las autoridades señaladas como responsables que presenten sus informes sobre los hechos imputados en relación a la suspensión concedida a favor de la jueza.
“De no hacerlo, se les considerará responsables de la conducta que se les reclama, de acuerdo a lo establecido en el artículo 208, fracción II de la Ley de Amparo”.
En el acuerdo presentado, la juez federal expuso que el juez de control del caso de Sánchez Hernández aceptó que, si bien existía una orden de aprehensión en su contra, en el momento de su ejecución se consideró “un acto consumado”.
Sin embargo, se le hizo ver que omitió proporcionar la información completa y necesaria para su análisis, ya que el informe presentado no incluye detalles sobre el día y la hora en que el juez de control tuvo físicamente a su disposición a la detenida, ni la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia inicial en el proceso penal. Tampoco se informó sobre la fecha y hora de su ingreso en el Centro de Reinserción Social donde se encuentra recluida.
Las violaciones al debido proceso están quedando en evidencia, y las consecuencias de ello serán, no sólo la liberación de Angélica Sánchez, sino sanciones de carácter penal contra quienes instrumentaron estas acciones fuera de la ley.
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Epílogo.
No se trata de exhibir el desconocimiento de las leyes por parte del gobernador de Veracruz, pero es necesario hacer notar las grandes pifias en las que cae cuando pretende cuestionar acciones que están fundadas en el derecho… y en el sentido común. *** Ahora se le ocurrió criticar a los jueces que ordenan el desalojo de predios que han sido invadidos de manera ilegal, pues dicha medida -dijo el gobernador- “pone en riesgo a los elementos de la policía”. *** ¡Por supuesto! Entonces, en esa misma lógica, los policías tampoco tendrían que responder ante llamadas de auxilio, ante el aviso de un acto ilegal, pues se estarían “poniendo en riesgo”. Alguien tendría que explicarle que esa es la función de un elemento de la policía. *** “A ver qué vaya el Juez también al lugar porque han sido un poco irresponsables, nosotros tenemos que atender”, criticó el gobernador. Nadie le explicó que las funciones de los jueces, como las de los policías, están claramente delimitadas. *** “El Juez nos está presiona y presiona: ve a desalojar y usa la fuerza pública y todo lo que puedas. Y una vez les dije: bueno, inviten al juez, que también vaya, manda a un actuario, un representante que se pone como a 300 metros, y los elementos se la tienen que jugar ahí, y ahí los tenía, ‘merito’ y los linchan y diciéndoles groserías y yo digo: ¿por qué no le dicen groserías al Juez?”. *** Y fue más allá, indignado por las “amenazas” de los jueces: “Si no llegamos a atender una instrucción del juez, amenaza con destitución al comandante, ya sea ministerial o de la SSP, y con imponerle multa, ¡Ah mira, ahora bien!, nos manda a la guerra y encima de eso si no arriesgamos el pellejo en esa guerra nos multa y nos quiere correr”. *** ¿Qué pretende? ¿Que los premien por cumplir con su obligación? Si tan preocupado está de la integridad de los policías, el gobernador debería empezar por dotarlos del equipo necesario.
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