Sumisa como ha demostrado ser a la voluntad del titular del Poder Ejecutivo, la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dio a conocer que la juez de control Angélica Sánchez Hernández, ya estaba “fuera del Poder Judicial del Estado”, pues concluyó su último contrato por tres meses y ya no le fue renovado.
No debemos perder de vista que, con el fin de brindarles a los juzgadores el ejercicio de su función sin presiones externas, se plasmó en las leyes el principio de inamovilidad para jueces y magistrados.
Este principio establece que los jueces y magistrados no pueden ser removidos de sus cargos, excepto por las causas y procedimientos establecidos por la ley.
Esta medida es esencial para preservar la independencia judicial. Un Poder Judicial independiente es crucial para asegurar que las decisiones judiciales se tomen de manera imparcial y sin interferencias políticas o externas. La inamovilidad protege a los jueces de presiones indebidas o influencias que puedan afectar su capacidad para aplicar la ley de manera justa. Al no estar sujetos a cambios arbitrarios o a manipulaciones políticas, los jueces pueden actuar con autonomía y tomar decisiones basadas únicamente en la interpretación y aplicación de las leyes.
El principio de inamovilidad contribuye, además, a garantizar la imparcialidad en el sistema judicial. Esto permite que los ciudadanos tengan confianza en que sus casos serán tratados de manera justa y equitativa, sin importar su posición social, política o económica. La imparcialidad es esencial para garantizar la igualdad ante la ley y para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La medida aporta también estabilidad al sistema judicial. Los jueces necesitan tiempo para adquirir experiencia y conocimientos en el ejercicio de su función. La estabilidad en sus cargos les permite desarrollar un criterio jurídico sólido y acumular experiencia en la resolución de casos complejos.
La Constitución de Veracruz, en su artículo 58 Bis, advierte que los jueces “serán nombrados por el Consejo de la Judicatura mediante concurso de oposición; durarán en su cargo cinco años y podrán ser ratificados las veces que sean necesarias, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Consejo de la Judicatura, siempre que su función haya sido desempeñada con probidad, eficiencia y profesionalismo y que su expediente no tenga notas de demérito”.
Pero sucede que en el caso de la juez Angélica Sánchez, como en muchos más, no obtuvo un nombramiento por cinco años como lo establece la Constitución, sino que se le dio un contrato de tres meses, que le fue ratificado en cada vencimiento de ese período.
¿Qué consigue con eso el Consejo de la Judicatura? Que los juzgadores estén a su merced, por la amenaza implícita de que no les será renovado el contrato si no acatan las consignas que les hacen llegar.
El Consejo de la Judicatura se respalda en las atribuciones que le marca el artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que en su fracción X, establece que puede “decretar el interinato cuando por algún motivo justificado se ausente temporalmente un juez titular del órgano jurisdiccional correspondiente y, en consecuencia, nombrar juez interino que lo ocupe mientras dure su ausencia”.
Es, por supuesto, una trampa, una interpretación facciosa de la Ley, con el fin de tener el control de las determinaciones que toman los jueces.
Es por eso que la procuración e impartición de justicia en Veracruz es la peor calificada en todo el país: actúan a partir de criterios políticos y a conveniencia de quien, en los hechos, detenta el poder.
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Epílogo.
Nunca han sido, en el gobierno estatal, muy aplicados en el cumplimiento de sus obligaciones, pero llama la atención que a una “sugerencia” de su jefe político -el presidente López Obrador- el secretario de Gobierno se tome su tiempo para darle cumplimiento. *** Transcurrió ya una semana desde que el presidente calificó como “muy mal” que el secretario de Gobierno de Veracruz se esté promoviendo, y los anuncios espectaculares siguen sin ser removidos, como dice el gobernador Cuitláhuac García que le prometió. *** ¿Quién manda, entonces, en Veracruz?
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