Prefacio. 

El gobernador Cuitláhuac García lo dijo muy claro: los asaltos en la autopista Puebla-Orizaba “son casos aislados”. A pesar de ello, admitió que se había dispuesto un operativo especial en la zona de Maltrata. *** Este martes, sin embargo, desde la conferencia de prensa “mañanera”, el titular de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, parece tener otra visión de los hechos: “Efectivamente, se ha visto un incremento en problemas en ese tramo y ya estamos tomando medidas. De hecho, lo mismo que hicimos en la carretera de México a Cuernavaca, a Morelos y a Guerrero, algo similar vamos a hacer en esa parte. Vamos a hacer un mayor despliegue de efectivos, de material, de patrullas, efectivos de personal y vamos a manejar incluso drones. Ya estamos en eso. Tenga usted la seguridad que así se va a hacer”. *** ¿Todo eso por un “hecho aislado”? Parece exagerado. Lo cierto es que el gobierno de Veracruz no quiere admitir que hay una bien organizada banda que opera en esa región, que está coludida con las fuerzas de seguridad y que actúa con total impunidad. *** El propio presidente López Obrador, quien quizá no conocía las declaraciones del “honesto” gobernador veracruzano, sin querer lo contradijo: “Es muy importante. Algo parecido, esa, esa zona siempre ha tenido problemas de inseguridad en la carretera; hemos estado pendientes. Ya estaba controlado y últimamente volvió”. *** No son, entonces, “exageraciones” o “fake news”, de “los enemigos de la cuarta transformación”. 

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Cada que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, abre la boca, se hunde más en el pantano formado por sus mentiras. Pretende defender evidentes irregularidades ocurridas durante su gestión y con insultante ligereza tacha de “mentirosos” a quienes exhiben sus trampas. 

Es el caso de la carta que la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados, Margaret Satterthwaite, envió al gobierno de México (es la ruta correcta, dirigir sus escritos a quien gobierna cada país) para expresar su preocupación por el proceso contra la juez Angélica Sánchez Hernández, a quien el gobierno de Veracruz acusa de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. 

La diplomática demandó en su escrito que se garanticen los derechos de la juzgadora: “Veo con suma preocupación las faltas al debido proceso descritas en el caso que sigue la fiscalía de Veracruz contra la jueza, y las declaraciones públicas que se han hecho al respecto”, señaló Satterthwaite. 

Demostrando que conocía los detalles de la andanada oficial contra la juez, la relatora expresó: “En particular me preocupa que Sánchez Hernández haya sido detenida sin orden de aprehensión y que ésta podría constituir una desaparición forzada de corta duración.” 

La representante de la ONU pidió que en un plazo de 60 días se le proporcione información sobre los fundamentos de hecho y derecho del arresto “y explique cómo estas acciones cumplen con las obligaciones de México en virtud del derecho internacional a las garantías humanas”. 

Pidió, además, que se le informe sobre las medidas para garantizar la independencia de jueces y magistrados, en apego a los principios de independencia judicial consagrados en los tratados internacionales. 

El gobernador Cuitláhuac García (quien “jura” que sí fue invitado al informe de su jefe, el presidente López Obrador, pero no fue porque “tenía tos”) se dijo despreocupado por lo que expresó la relatora de la ONU. 

Y dio sus razones: 

En primer lugar, la carta no iba dirigida a él, sino al gobierno de México; en segundo lugar, la carta no llevaba membrete y, por lo tanto, su asesor en materia de oficialía de partes le dijo que carecía de “formalidad” y, en tercer lugar, porque la relatora de la ONU “miente” en su misiva. 

Según el gobernador de Veracruz, la relatora miente cuando asegura que jueza fue obligada por el juez federal a poner en libertad a Itiel Palacios García, pues el amparo le ordenaba a la juez revolver con libertad jurisdiccional, “y no sé si la relatora de la ONU desconoce ese término”. 

Con seguridad Margaret Satterthwaite conoce los alcances de ese término que acaba de descubrir Cuitláhuac García, pero lo que no explica el gobernador es que, aunque le da a la jueza “libertad de jurisdicción” (esto es, que un órgano jurisdiccional cuando puede resolver sin limitación todas las posibles cuestiones que puede plantear un asunto del que está conociendo) le ordena también desestimar pruebas y testimonios de la parte acusadora que carecen de sustento. 

Si al momento de emitir una nueva resolución, la jueza ya no encuentra elementos que justifiquen la vinculación a proceso del imputado, porque la instancia federal le ordenó desestimarlos, es entonces que, en la práctica, la justicia federal le está ordenando ponerlo en libertad. 

Eso lo debería entender hasta un ingeniero. 

De todas formas, la argumentación del gobernador está de más, pues la carta no iba dirigida a él, ni a su fiscalía particular. 

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Epílogo. 

La sevicia que ha mostrado el gobierno estatal contra el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, muestra la parte más cruel e inhumana de quienes hoy están al frente de la administración estatal. *** Pretendieron mantenerlo en prisión, con acusaciones sin sustento y para ello le iniciaron nueve procesos distintos, los que fueron reforzados por determinaciones de jueces de consigna que, sin argumentación alguna, le decretaban la medida cautelar de prisión preventiva. *** Una a una, todas las denuncias fueron derrotadas en tribunales y, luego de una dura batalla jurídica, sus abogados consiguieron sacarlo de la cárcel, aunque ahora con una prisión domiciliaria. *** Pero el gobierno de veractruz no quedó conforme y ahora dirigió sus ataques a la ´parte más sensible de Rogelio Franco: sus hijas. *** Luisa y Viviana Franco, las hijas mayores del exfuncionario, informaron que un juez pretende entregarle la custodia de su hermana menor a su mamá, Guillermina, de quien se ha demostrado -con pruebas periciales- que violentaba a la menor de las tres hermanas. *** La hija menor de Rogelio Franco tiene 10 años, razón por la que, al ser aún menor de edad, su custodia está siendo motivo de conflicto. Hasta este momento la abuela tiene la custodia de la niña, pero ya se perciben trampas jurídicas con el único fin de agraviar a Rogelio Franco, aunque con eso las afectadas sean sus hijas. *** En esta entidad en la que -según la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández- “la incidencia delictiva ha ido a la baja”, todos los días tenemos noticias de ejecuciones. *** Este martes, en la carretera Xalapa-Alto Lucero, a la altura del rancho El Dólar, un hombre fue abatido a balazos. Se desconoce su identidad y las razones de dicho ataque. Cuando la policía llegó, sólo encontró el cuerpo de la víctima. 

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