Jorge Winckler, el segundo fiscal general que tuvo el estado de Veracruz (hoy recluido en el penal de Almoloya de Juárez, en el estado de México) sabe que tiene argumentos jurídicos para vencer los procesos penales que le inició la misma oficina que él mismo encabezó.
Sabe también, sin embargo, que habrá de enfrentar numerosos recursos jurídicos (chicanadas) para prolongar su reclusión.
Jorge Winckler Ortiz fue detenido el 25 de julio del 2022 en Puerto Escondido, Oaxaca, pues contra él existían al menos dos órdenes de aprehensión por desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
Su detención la realizaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, cuando ya casi cumplía tres años prófugo.
Una semana después de su captura y tras decretar un juez de control en Pacho Viejo su vinculación a proceso fue trasladado al Penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, argumentando “razones de seguridad”, pues en el recluso de Pacho Viejo permanecían varios sujetos que fueron recluidos cuando él fue fiscal.
La defensa de Jorge Winckler, encabezada por el abogado Rodolfo Félix Cárdenas (quien fue procurador de Justicia del Distrito Federal) consiguió un primer amparo para su cliente, en contra de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
En el juicio de amparo 751/2023, el juez decimoséptimo de Distrito ordenó cesar la prisión preventiva oficiosa y que el juez de control entrara al estudio de la medida cautelar. En la reposición del procedimiento, el juez de Pacho Viejo eliminó la medida de prisión preventiva oficiosa, pero la cambió por la de “prisión preventiva justificada”.
La defensa de Jorge Winckler consiguió más adelante que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal le concediera al quejoso un nuevo amparo, ahora con el fin de que su caso fuera trasladado a un juzgado de distrito ubicado en el penal donde se encuentra internado, en Almoloya.
Se trata de un derecho que tienen los imputados y que se conoce como “prórroga de jurisdicción”, plasmado en el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establece que las personas que están en prisión pueden ser juzgadas por un juez que esté en el lugar donde están recluidos. Jorge Winckler pidió que su caso fuera trasladado a un juzgado federal con competencia en El Altiplano.
Pero la Fiscalía de Veracruz no se quedó cruzada de brazos y, frente a una sentencia del Tribunal Colegiado, optó por regresar a Jorge Winckler a Pacho Viejo, para argumentar a la justicia federal que dicho amparo se quedaba “sin materia”.
Se dejó a un lado el argumento de que el detenido “corría peligro” en el reclusorio ubicado a unos minutos de Xalapa.
Las autoridades de Veracruz saben que, en caso de perder el control del proceso contra Jorge Winckler, éste conseguirá muy pronto su libertad. La trampa, sin embargo, es demasiado obvia y es muy probable que la justicia federal actúe contra el juez de control por no acatar en sus términos la sentencia.
Ese es el costo que deben pagar los jueces locales, esos que se prestan a servir de tapete al gobierno estatal, en una administración estatal que presume “respetar la división de poderes y la autonomía de las instituciones”.
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Epílogo.
El Pleno de la Legislatura local aprobó la solicitud del gobernador Cuitláhuac García para que se dispense el trámite de ley y Guadalupe Díaz del Castillo Flores desempeñe de manera simultánea los cargos de secretaria de Salud del Gobierno del Estado y Directora de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver). *** Al respecto, el legislador priista Marlon Ramírez Marín hizo una atenta sugerencia a sus compañeros en el Congreso: “No dudo de la persona que propone el gobernador para encabezar la Secretaría (de Salud), yo no pretendo afectar a nadie, lo que pretendo es que los que integramos esta Legislatura asumamos nuestra responsabilidad. En unos días más será el Informe de Gobierno y días después la comparecencia, y va a ser muy lastimoso para la nueva secretaria, tener que venir a comparecer y no saber de qué le están hablando”. *** Marlon Ramírez denunció públicamente una serie de irregularidades detectadas en el manejo de los recursos del sector salud y, ante la sugerencia del gobernador de que condujera esos señalamientos ante las autoridades correspondientes, inició ya los trámites para informar a los órganos pertinentes sobre esas anomalías que, calcula, representan el desvío de más de mil 500 millones de pesos. *** Basado en esa información, Marlon Ramírez planteó: “es una mujer quien va a ser la titular, creo que por sororidad se debiera recomendar citar a comparecer al titular del Órgano Interno de Control, así como al Jefe de la Unidad Administrativa, que es el mismo de los dos secretarios anteriores”. *** Abogado de formación, el legislador priista ilustró a sus compañeros: “en la escuela de Derecho nos enseñan que hay dos tipos de delitos: los que se cometen por acción, y los que se cometen por omisión, y si nosotros omitimos el deber legal de advertirle a la nueva secretaria que lo que le van a poner a firmar tiene que revisarlo con lupa, me parece que estaríamos incurriendo en una irresponsabilidad”.
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