Dicen que es muy bueno en su materia (Economía, aunque tengo mis reservas, por el deficiente trabajo realizado en la administración estatal hasta ahora), pero en donde anda perdido el actual secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, es en conocimiento sobre temas jurídicos.
Lo que la Universidad Veracruzana (UV) reclama como presupuesto para el próximo año (el 4% del presupuesto general de Veracruz) es lo que en justicia le corresponde. La tramposa modificación a la Constitución local (artículo 72) para establecer una “interpretación” del concepto de “presupuesto general del estado” no le impacta al recurso que corresponde a esa casa de estudios, pues en los transitorios de aquella reforma se le deja fuera de dicho ordenamiento.
Otorgarle un incremento presupuestal inferior a lo que por ley le corresponde, es un delito, y en él estarían incurriendo, no sólo el titular del Poder Ejecutivo (el jefe de Lima Franco) sino los legisladores que llegasen a aprobar ese robo.
Este lunes el secretario de Finanzas entregó a la Legislatura local la propuesta de presupuesto para el 2024 y en esta se plantea que la UV reciba 6 mil 712 millones de pesos, lo que significa un incremento de 868 millones de pesos respecto del 2023, pero es menor a los poco más de 8 mil millones de pesos que por ley le corresponden.
La Universidad Veracruzana, a través de su rector Martín Aguilar Sánchez insiste en que el 4 por ciento del presupuesto que le corresponde debe de calcularse con base en el presupuesto general de la entidad, que el próximo año sería de unos 163 mil millones de pesos.
La casa de estudios lo hace con argumentos sólidos.
En el decreto que reforma el artículo 72 de la Constitución (donde se establece que el cálculo de “presupuesto general del estado” se debe hacer con base en los recursos de libre disposición) se agregó un artículo tercero transitorio que estableció:
“Tratándose de la Universidad Veracruzana, continuará en vigor lo dispuesto en el artículo 10 penúltimo párrafo de esta Constitución en relación con su presupuesto anual; por lo que, para el cálculo y progresividad de ésta seguirá surtiendo efectos lo previsto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto número 350 publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de fecha 13 de noviembre de 2017”.
No hay, pues argumento jurídico que justifique el robo que le pretende aplicar (una vez más, pues ese porcentaje presupuestal se debió aplicar desde el presente año) y el gobierno de Veracruz incurriría en delitos graves si le escamotea a la UV los recursos que por ley le corresponden.
Es evidente que al secretario de Finanzas le toca “poner la cara” y que esta propuesta de presupuesto fue antes avalada por el gobernador. Lo que también es claro, es que a los órganos autónomos los mantienen atados de manos mediante esa sucia treta de recortarles el presupuesto, hasta obligarlos a “conciliar” para recibir un mejor trato.
Cualquier semejanza con lo que ocurre en el gobierno federal… no es coincidencia.
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Epílogo.
Una prueba más del estratégico acoso financiero a los organismos autónomos, es la limitación de recursos para el Organismo Público Local Electoral (OPLE), al que se le “recortan” 140 millones de pesos. *** El OPLE presentó al Poder Ejecutivo una propuesta de presupuesto para el 2024 (año electoral) de mil 390 millones de pesos, pero la propuesta que llegó al Congreso del Estado es de sólo mil 250 millones de pesos. *** El secretario de Finanzas, Lima Franco, considera que “con eso es suficiente” y considera “ilógico” autorizarle mayores recursos económicos con relación a los 2 últimos procesos electorales. Un economista que no sabe de inflación. En fin. *** El presidente municipal de Altotonga, Juan Ignacio Morales Guevara, asumió el cargo de copresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm). El nombramiento tuvo lugar durante la asamblea realizada en Villahermosa, Tabasco, donde se congregaron alcaldes de todo el país. *** En su nuevo rol como copresidente de la CONAMM, Morales Guevara jugará un papel fundamental en la promoción de reformas y políticas públicas que fortalezcan la gestión municipal y en la facilitación de la colaboración entre alcaldías de todo el país. Bien.
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