La decisión del INE se fundmentó en que las reformas se hicieron fuera del plazo legal permitido, ya que el proceso electoral federal aún no concluía cuando se aprobaron los cambios en julio pasado.
La decisión no fue fácil, ni unánime. Por un lado los consejeros Dania Ravel y Arturo Castillo, sostuvieron que las reformas no cumplían con los tiempos establecidos.
Y por otro, consejeros como Carla Humphrey, señalaron que había la necesidad de aclarar los antecedentes legales antes de tomar una decisión definitiva, lo que finalmente no sucedió.
La respuesta de Alejandro Moreno Cárdenas no se hizo esperar, y criticó y calificó la decisión del INE como una medida excesiva que atenta contra la autonomía del partido.
“El INE está renunciando a cumplir con su obligación de revisar las modificaciones a los documentos básicos del PRI y aseguró que el PRI defenderá su derecho a la autodeterminación política y legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se definirá su permanencia en el cargo?”.
Sin embargo, allegados a Alito argumentan que ha sido una maniobra y que el apretón tiene tintes políticos y que se debió a la férrea postura de Alito y sus legisladores en contra de la reforma Constitucional al Poder Judicial recién aprobada. “Fue una venganza de Palacio”, aseguran.
Por su parte la exgobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, a nombre del grupo disidente de más de 250 priistas que se opuso a la reelección de Alito Moreno, respondió así a la decisión del INE: “Prevaleció la legalidad y el estado de derecho: se anula la XXIV Asamblea y, en consecuencia, la reelección de Alejandro Moreno”.
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