El gobierno de Veracruz, durante la actual administración, ha desactivado la red de centros de verificación de sanidad animal que se habían instalado de manera estratégica a lo largo del territorio veracruzano.
Estos centros de inspección tienen como fin convertirse en una barrera de contención frente a la potencial existencia de plagas o enfermedades en los animales que se movilizan por el estado.
Sirven, además, para verificar que el ganado que se mueve por las carreteras de Veracruz cumpla con la documentación que acredite su legal procedencia. Esto último es lo que pretenden evitar funcionarios menores del gobierno estatal, coludidos con organizaciones criminales.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) dan cuenta de que durante los meses de enero y febrero de este año se registraron 443 casos de robos de ganado en el país, 51 de los cuales ocurrieron en el estado de Veracruz.
Las asociaciones de ganaderos advierten que el crimen organizado amenaza a los productores de bovinos, por lo que se mantiene una cifra negra elevada.
Aunque el robo en jaulas ha disminuido, siguen con otro tipo de robos como en establos o potreros.
El problema se agudiza cuando desaparecen los controles que tenía distribuidos el gobierno estatal y concentran a los inspectores, sin razón alguna, en las oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Xalapa.
Sumado a los altos riesgos para la seguridad de los productores de ganado y sus familias, la inhabilitación de esos puntos de inspección genera otro riesgo aún mayor: la posibilidad de que vuelvan al país plagas que ya habían sido erradicadas.
Aunque desde hace más de tres décadas México se ha certificado como un país libre de la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG), desde el año pasado, cuando se detectó la presencia de esa plaga en Costa Rica y más tarde cuando se confirmó que también se había detectado en Panamá y en el sur de Nicaragua, la Secretaría de Agricultura fortaleció las medidas preventivas con el objetivo de proteger a la ganadería nacional.
La primera medida que adoptó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) fue reforzar la primera barrera de defensa sanitaria, que comprende la inspección zoosanitaria en 45 aeropuertos internacionales, en 24 puertos marítimos y en 28 fronteras, así como en 19 Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF).
Sin embargo, las propias autoridades admiten que el riesgo persiste por el tráfico ilegal de personas, de mascotas y de ganado procedentes de zonas afectadas.
Para eso sirven los puntos de inspección zoosanitaria que hoy están en el abandono.
¿Quién es el responsable de ello?
Hay que voltear a la Subsecretaría de Ganadería del gobierno estatal, a cargo de Humberto Amador Zaragoza. Es el mismo funcionario que pretendió diseñar una Ley de Ganadería en el estado “a modo” que le permitiera tener el control total del movimiento de ganado en toda la entidad y, por supuesto, cobrar por esos servicios. Una acción jurídica promovida por el gobierno federal evitó que se consumara ese atraco.
Pero ya se le acabó el blindaje. Su “padrino” Cuitláhuac García ya se va y no habrá quién lo proteja.
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Epílogo.
El gobernador Cuitláhuac García pretendía cerrar sin sobresaltos su ciclo en ese cargo. La madre naturaleza, sin embargo, se ha encargado de mostrarle que cuando se tiene como responsabilidad la seguridad de más de ocho millones de ciudadanos, no hay días de descanso que valgan. *** Más de una semana después de que se iniciaran las torrenciales lluvias en el sur de la entidad, cuando ya se desbordaron los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos, finalmente el gobernador se puso sus botas para el agua y su impermeable para recorrer las zonas dañadas. *** Lo bueno es que ya se va.
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