Apenas hace un par de meses, el pasado 3 de septiembre, la gobernadora electa la gobernadora electa Rocío Nahle resaltó la importancia de erradicar conductas antisociales.
Rocío Nahle había acudido a la clausura de la primera especialidad en Derecho Anticorrupción y ahí apuntó que el combate a la corrupción es una práctica cada vez más común, “un valor que se aprecia y que debe prevalecer entre las próximas generaciones, particularmente aquellas que están encargadas de impartir justicia”.
Tres semanas después de esas declaraciones, en la Ciudad de México, el presidente de la Mesa Directiva en el Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que, para complementar los cambios al Poder Judicial en México, Claudia Sheinbaum presentaría iniciativas de reforma a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías locales, así como los institutos de Defensoría Pública en el país.
“Es una de las preocupaciones y ocupaciones que tiene nuestra compañera presidente electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Platicando con ella, comentó que presentaría esas iniciativas de reforma constitucional. De hecho, se están trabajando”, sostuvo en aquella ocasión Fernández Noroña.
Y en efecto, el combate a la corrupción en las fiscalías locales y en tribunales de justicia de las entidades, es la segunda etapa de esta radical transformación que iniciaron los legisladores de Morena y sus aliados.
En Veracruz hay materia para iniciar una verdadera operación de limpieza de jueces y fiscales corruptos.
Por lo pronto, esta semana se presentarán denuncias contra David Cardeña Ortega, exfiscal especializado en combate al secuestro y actual secretario particular de la magistrada presidente del Poder Judicial del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. También será denunciada la jueza Míriam Eunice Juan de León, ambos por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Pero también habrá denuncia penal contra el juez Adrián Reyes Acosta, cuya actuación se encuadra en lo que se conoce como “delitos cometidos por servidores públicos” en el Código Penal para el Estado de Veracruz, en su artículo 348 quinquies fracción VI, que establece que comete el delito contra la administración de justicia el servidor público que a sabiendas (…) “prolongue la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motive el procedimiento”.
David Cardeña Ortega fue el fiscal que en el 2019 imputó al campesino e indígena Guillermino Vicente Licona, el delito de “secuestro agravado”. El juez de control que vio el caso dispuso prisión preventiva oficiosa de dos años, pero en víspera del cumplimiento de ese plazo, ante la solicitud de la fiscalía de que se ampliara la prisión por un año más, el juez Adrián Reyes Acosta concedió que el detenido se mantuviera en prisión, no sólo el año adicional que le pedían, sino “por el término que dure el proceso”.
Consecuencia de ello, Guillermino Vicente Licona lleva más de cinco años en prisión, sin que se inicie juicio en su contra.
El artículo 20 de la Constitución federal establece que “la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que, como máximo de pena, fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares”.
Hoy la responsabilidad la tiene la jueza Míriam Eunice Juan de León, quien no se ha excusado de ver este asunto, a pesar de su evidente vinculación con el entonces fiscal y actual secretario particular en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, David Cardeña Ortega, por lo que se configuran los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Bien reza el dicho: “el buen juez por su casa empieza” y, por lo pronto, si pretenden combatir la corrupción del sistema judicial en Veracruz, pueden comenzar con estos casos.
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Epílogo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local, Esteban Bautista Hernández, llamó la atención sobre un detalle que fue recurrente en los dos últimas Legislaturas: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió más de 14 sentencias adversas al Congreso veracruzano en la pasada Legislatura, lo que -en su opinión- se debe corregir. *** En efecto, en los últimos seis años hubo un frecuente desaseo en los temas jurídicos, no sólo en el Poder Legislativo sino, además, en el Ejecutivo. *** Estas fallas se explicaban (aunque no se justificaban) porque ni el gobernador, ni el líder del Congreso eran abogados, pero para ello cuentan con un robusto (y caro) cuerpo de asesores que pudieron haberles indicado que estaban rompiendo el marco jurídico que juraron “cumplir y hacer cumplir”. *** Se ha sabido que el diputado Esteban Bautista está convencido de que se debe fortalecer el desempeño del Congreso, siempre con apego a lo que disponen la Carta Magna y la Constitución local.
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