La duda es válida: ¿está preparado el gobierno estatal para hacer cumplir esta norma dentro de sus propias dependencias? ¿Se aplicará con el mismo rigor a los agentes de Tránsito que a los cajeros de un supermercado? En cuerpos como la Policía Estatal, la Policía Vial y el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, la vigilancia continua, el orden público y la atención a emergencias imponen jornadas prolongadas de pie, muchas veces en condiciones climáticas extremas y sin acceso a servicios básicos como sombra, agua o pausas.
La ley no está sujeta a interpretaciones voluntaristas: las multas por incumplimiento van de 250 a 2,500 UMAs, es decir, entre $28,000 y $280,000 pesos, lo que coloca al Estado en una posición incómoda si decide omitir su cumplimiento.
En escenarios extremos, podría incluso enfrentar la suspensión temporal de actividades, lo cual sería un escándalo administrativo y político si proviene de una dependencia pública.
Más allá de la sanción económica, lo preocupante es la señal de doble moral: un gobierno que impulsa leyes justas, pero no las aplica en casa.
La Ley Silla no debe quedar como anécdota mediática. Se requiere una política de implementación con manuales operativos, personal capacitado, evaluaciones periódicas y participación sindical. De lo contrario, será letra muerta para los agentes de tránsito que, con el sol a plomo, seguirán de pie, inmóviles, mientras el discurso oficial descansa cómodamente… sentado.
Al tiempo.
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