La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este lunes que la liberación de Israel Vallarta Cisneros no fue una acción de la Presidencia ni del gobierno de la República, sino una decisión judicial tomada por una jueza federal.
Durante su conferencia de prensa mañanera del lunes, Sheinbaum explicó que fue la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, quien dictó sentencia absolutoria por no acreditarse la responsabilidad penal de Vallarta en delitos como secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas del Ejército y privación ilegal de la libertad. Mientras tanto en diferentes medios circulan cartas de personas que dicen haber padecido de secuestro por parte de la banda de Vallarta y que no fueron incluídas en el expediente, mismas que se ofrecen a declarar ante un juez y señalar con el dedo al delincuente para que siga en la cárcel, sentenciado, hasta que pague lo que hizo.
La mandataria recordó que el caso siguió criterios semejantes a los usados en la liberación de Florence Cassez, luego de que se evidenciara un montaje televisivo de su detención, reconocido por el propio periodista Carlos Loret de Mola y la televisora involucrada.
Asimismo, recalcó que Cárdenas Palomino está detenido por tortura relacionada con ese mismo caso.
No se nos puede olvidar cómo fue el montaje de televisión en el que esta persona fue detenida, reconocido por el propio Loret de Mola y reconocido, incluso, por la televisora.
Sheinbaum criticó el manejo judicial durante el sexenio de Felipe Calderón (lo que es falso porque fue en el gobierno de Vicente Fox Quezada) y el papel del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
Israel Vallarta permaneció en prisión preventiva por casi dos décadas sin sentencia definitiva, hasta que el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito concedió un amparo para revisar esta medida, en atención a recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, que pidió alternativas ante el deterioro de la salud del acusado.
El caso ha tenido desde hace años interpretaciones políticas. Si bien López Obrador acusó a Peña Nieto de haber intervenido en la liberación de Cassez, ahora la 4T defiende la absolución de Vallarta porque golpea a Genaro García Luna.
Un secuestrador, absuelto
El periodista y analista político Sergio Sarmiento, publicó ayer en su medio REFORMA, un interesante artículo acerca de este sucio asunto en el que nos comenta:
“La vida no es más que una competencia para ser el criminal antes que la víctima”,
Bertrand Russell.
“Para empezar, es inaceptable que una persona sea recluida en una cárcel sin sentencia durante casi 20 años. El caso de Israel Vallarta debería ser una lección para los políticos del régimen que insisten en mantener la prisión preventiva oficiosa. Preocupa más, sin embargo, que la absolución se dé sin prestar atención a las víctimas. Cuando Florence Cassez fue liberada, López Obrador comentó el 24 de enero de 2013: “La Suprema Corte debió atraer el asunto y hacer la investigación de fondo, pero no dejarla en libertad sólo por fallas en el procedimiento, cuando los familiares de los afectados, de las víctimas, están hablando de que ella participó en todo lo relacionado con el secuestro. Creo que fue una barbaridad lo que hicieron”. AMLO acusó al entonces presidente Peña Nieto de estar detrás del fallo.”
“La absolución de Vallarta el 31 de julio por Mariana Vieyra Valdés, juez tercera de distrito en materia penal del Estado de México, cita la sentencia de la Suprema Corte en el proceso de Cassez: “El Alto Tribunal del País, determinó que existió un proceso de escenificación ajena a la realidad, lo que se tradujo en un efecto corruptor del proceso” (p. 265). La Agencia Federal de Investigación provocó un “efecto agravante” por la difusión de la escenificación en las “cadenas de televisión”, lo cual “no sólo violentó el principio de presunción de inocencia, sino además de forma grave los derechos humanos de las víctimas del delito” (p. 266).”
“La juez Vieyra decidió que en el caso Vallarta debe aplicarse el principio de “cosa juzgada refleja”, o sea, los mismos criterios que en el de Cassez, aunque reconoce que “no hay identidad de sujetos” (p. 295). La absolución se basa así en el supuesto de que la escenificación anula las pruebas.”
“Hay dudas sobre si se puede aplicar el principio de “cosa juzgada refleja” en este proceso, en el que hay otras víctimas y se acusa a Vallarta de ser el líder de la banda de secuestradores; pero, además, el montaje de televisión no se presentó nunca como prueba. La ley obliga a fiscales y jueces a considerar todas las pruebas, incluyendo los testimonios que no hayan sido contaminados.”
“Seis víctimas de secuestro testificaron contra Vallarta. Cristina R. y su hijo menor declararon no sólo haber sido secuestrados, sino violados. No vieron la escenificación antes de declarar porque estaban siendo trasladados a la AFI cuando se difundió. Cristina identificó a Cassez por voz, ya que presuntamente esta alimentaba a los secuestrados, pero a Vallarta por rostro, porque lo vio en las violaciones que sufrió. Estos testimonios no pueden simplemente descartarse por una falta en el procedimiento.”
“Vallarta se autoinculpó como líder de la banda de secuestradores, pero después dijo que fue torturado. Suponiendo que sea cierto, esto no excluye el testimonio de Cassez ante el Ministerio Público en presencia del cónsul francés, en el que señaló, entre otras cosas, que no entendía por qué se compraba tanto alimento para la finca de Las Chinitas, donde estaban varios secuestrados, si solo ella y Vallarta vivían allí.”
“El caso ha tenido desde hace años interpretaciones políticas. Si bien López Obrador acusó a Peña Nieto de haber intervenido en la liberación de Cassez, ahora la 4T defiende la absolución de Vallarta porque golpea a Genaro García Luna, quien montó la escenificación para la televisión. Yo coincido con el López Obrador de 2013, sí, el que afirmaba que esta falta no debería borrar las demás pruebas ni los testimonios de las víctimas.”
Se anotan para suceder a Rocío Nahle
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) define a la revocación de mandato como una figura democrática con la que las y los ciudadanos eligen si un funcionario electo para cierto periodo continúa o no su mandato. "Es decir, se pretende darle poder al ciudadano para que califique a su representante y decida si lo mantiene en su cargo".
Con la premisa "el pueblo pone y el pueblo quita", la revocación de mandato ha sido una de las principales promesas de López Obrador, quien al asumir la Presidencia de la República anunció que, a mitad de su sexenio, que termina en 2024, se sometería a esta consulta pública para que los ciudadanos evalúen a su administración.
Con ese pretexto y ante el fuerte divisionismo que existe en las filas del morenismo, los mismos actores políticos como el senador Manuel Huerta, promueven la figura para que se le aplique a la gobernadora con la esparanza de sucederla en el cargo de inmediato. Los que se anotan para tal encomienda aparte de Huerta es el ex secretario de Educación Zenyazen Escobar García y el ex secretario de Gobierno, afrodescendiente Erick Cisneros Burgos. El asunto va tomando forma, el estado es violentado por la Cofradía de Cuitláhuac García en abierto desafío a la política de zacatecas, y los que padecemos estos criminales embates producto de la ambición política del morenismo somos los veracruzanos.
REFLEXIÓN
La juez Mariana Vieyra Valdés apenas asumió el cargo de juez de distrito en septiembre de 2024. El 14 de marzo de 2025 dictó sentencia de 89 años contra Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, por secuestro. Apareció en los “acordeones” oficialistas y fue electa en la elección judicial del 1 de junio. Por cierto ella se encargó de dejar en libertad al secuestrador Israel Vallarta. Cosas del ejercicio del poder. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
