Por mucho que Martín Aguilar se considere parte de la 4T, no se atrevió a seguir el ejemplo de su líder y aplicar una especie de austeridad martiniana. De haberle comunicado a las y los mandamases de las secretarías, vicerrectorías, direcciones de Área, de Investigaciones, Posgrado, Servicios Generales, Defensoría de los Derechos Universitarios y otros, que ya no dispondrían de choferes, que las compensaciones económicas disminuirían a la mitad y que irían desapareciendo otros privilegios que les otorga el cargo, dichos personajes no se habrían volcado con tanto entusiasmo a operar las maniobras indignas de que han sido capaces, en defensa de la prórroga de su jefe supremo.

     Han utilizado su posición jerárquica para amedrentar e intimidar al personal bajo su cargo por manifestarse en contra de la “prórroga”, y ya anunciaron que en la próxima ocasión que alguien participe en ese tipo de acciones, procederán a levantar acta de abandono de trabajo. Operaron el acarreo de “invitados especiales” de las regiones universitarias con todos los gastos pagados, incluyendo cena de lujo, para el malogrado Informe; previamente habían estado telefoneando a los consejeros universitarios para conocer su postura y en consecuencia decidir a quién sí y a quién no invitaban a la exclusiva “ceremonia” del céntrico hotel xalapeño. Con más de 24 horas de anticipación, ordenaron al personal de seguridad impedir que estudiantes accedieran al campus para las artes y los deportes, donde se había anunciado la presentación del informe rectoral; instruyeron a los directores de facultades que colocaran en las puertas de salones de clase panfletos sobre la supuesta legalidad y legitimidad de la prórroga.

     Pero la acción más aberrante es la intimidación a los estudiantes. Una institución que debe fomentar la formación de valores, entre ellos el valor cívico en los jóvenes, la están convirtiendo en una agencia de amedrentamiento: pretenden engañar a los estudiantes diciendo que estar contra la prórroga repercutirá en su desarrollo escolar; han seleccionado a incondicionales para que tomen fotos de quienes participan en las movilizaciones antiprórroga, y para que organicen campañas de burla contra sus compañeros inconformes -¿no que la Universidad debe ser un baluarte contra el bullying?-, lo que ha llevado a un par de pistoleros digitales a propalar amenazas de muerte en las redes sociales: “se van a ir a la v… voy a llevar una fusca mañana para sabotear su movimiento, somos más de 10 y el rector Martín triunfará…”, reza unos de los mensajes subido a Facebook por alguien con seudónimo.

     ¿Habrán cotejado esos funcionarios y funcionarias su comportamiento con el Código de Ética de la Universidad Veracruzana? ¿Tales acciones las inspira la admiración ciega a su líder, o su interés personal por mantener el poder y los privilegios de que gozan? Y mientras tanto, ¿qué hace la Defensoría de los Derechos Universitarios?

     No sólo la Junta de Gobierno y el exrector Martín Aguilar tienen la culpa de la presente crisis universitaria. También hay que voltear a ver a los operadores directos de la confrontación y de las amenazas: los funcionarios y funcionarias que ostentan los cargos mencionados al inicio de esta columna.

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