Punto de vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
 

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Denuncia contra Sedecop
2025-09-10

Prefacio.


La decisión del alcalde de Coxquihui, Juan Pablo Gómez, está justificada. *** La autoridad municipal en esa demarcación ubicada en el Totonacapan anunció que, ante la violencia e inseguridad que se vive en ese municipio, se cancelaba la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile conmemorativo del 16 de septiembre. *** La decisión -dijo el alcalde- fue tomada en reunión extraordinaria del cuerpo edilicio con el director de Seguridad Pública, la Secretaría del Ayuntamiento, la Oficialía Mayor y los directores de instituciones educativas de la cabecera municipal. *** “Decidimos cancelar la ceremonia del Grito de Dolores este 15 de septiembre y el desfile conmemorativo del inicio del Movimiento de Independencia el 16 de septiembre. Motivos hay de sobra; mi prioridad es velar por la integridad de los ciudadanos y alumnos. Críticas vendrán, pero es preferible eso a un hecho lamentable”, expresó el alcalde. *** Apenas el pasado lunes Ramón Valencia, más conocido como “El Napito”, candidato de Morena a la alcaldía, fue privado de la libertad en la comunidad de Sabaneta. *** Hombres armados interceptaron a Ramón Valencia, quien viajaba con una escolta que lo protegía. Se generó un intercambio de disparos y al final el excandidato fue “levantado”. *** Ramón Valencia es hijo de Anuar Valencia Delgado, “El Napo”, quien fue asesinado el 29 de mayo, cuando estaba por iniciar su campaña a la alcaldía. Tras su muerte, su hijo Ramón asumió la candidatura, pero fue derrotado por Lauro Becerra, del PAN. *** La violencia en el norte de la entidad sigue sin freno. De nada han valido los “esfuerzos coordinados” de las fuerzas federales y la policía estatal. Hace falta una fuerte sacudida al gabinete de seguridad de la entidad.


* * *


Bien decía aquel poeta español Mariano Aguiló y Fuster: “No confundas la paciencia, coraje de la virtud, con la estúpida indolencia del que se da por vencido”.


Los empresarios esperaron el tiempo necesario, tocaron las puertas que les indicaron, redactaron los oficios que les pidieron… y no recibieron respuesta.


Finalmente optaron por el camino que habían tratado de evitar desde el principio. Este martes la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz dio entrada a la denuncia penal en contra Ana Laura del Ángel Olivares y “en contra de quien o quienes resulten responsables” (entiéndase Ernesto Pérez Astorga y Eduardo Vega Yunes, secretario y subsecretario de Desarrollo Económico), por los delitos cometidos en agravio del servicio público.


Todo esto tiene que ver con el reiterado reclamo de los empresarios que ocupan espacios en la Ciudad Industrial Bruno Pagliai, en Veracruz. Día con día han visto cómo se deteriora la infraestructura urbana de esa zona industrial, la más importante de toda la entidad, a pesar de que pagan fuertes cuotas por concepto de mantenimiento.


Ajenos a la burocracia y a los vaivenes políticos, los empresarios siguieron paso a paso los protocolos para reclamar el cumplimiento de los compromisos de la administración de la zona industrial.


Llegaron a las oficinas del fideicomiso “Fondo del Futuro” que tiene a su cargo la administración de la ciudad Bruno Pagliai y la responsable, Ana Laura del Ángel Olivares no les dio una solución. Tocaron, entonces, la puerta de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, y ni su titular (Ernesto Pérez Astorga) ni el subsecretario que tiene que ver con esas actividades (Eduardo Vega Yunes) atendieron sus demandas.


Enviaron a la gobernadora Rocío Nahle una carta en la que explicaban el problema y sólo recibieron la promesa de que se practicaría una auditoría a ese fideicomiso, pero el problema sigue sin solución: quien accede a la zona industrial se encuentra prácticamente en un campo de guerra, con calles destrozadas, basura en las vialidades, yerba crecida y lámparas fundidas, entre muchos otros problemas.


Los empresarios no son de los que se rinden ante el primer tropiezo. Frente a cada negativa buscaron otras opciones. Así llegaron a la capital del país, donde los escucharon con atención y, además de ofrecerles su respaldo, les sugirieron que llevaran el reclamo por la vía judicial: “nosotros veremos que camine”, les dijeron.


La denuncia fue presentada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Stephany Rosas Méndez, quien protestó a ese cargo en mayo del presente año. En el documento se narran hechos que se podrían encuadrar en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado, más los que resulten de las investigaciones ministeriales.


Si la gobernadora cumple con su palabra de no permitir la corrupción y el abuso de poder en su administración, a partir de esta denuncia -que está bien sustentada y ella misma conoce los detalles- lo que toca es que los tres servidores públicos soliciten licencia para enfrentar el proceso sin la protección que les brindan sus cargos.


No debemos perder de vista que lo que suceda con la ciudad industrial Bruno Pagliai marcará la pauta para el aprovechamiento de los nuevos polos de desarrollo.


El propio titular de Sedecop, Ernesto Pérez Astorga, presumió que habrá “inversiones millonarias” en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pero todo eso se puede caer si las industrias invitadas perciben que el gobierno de Veracruz no cumple con la dotación de infraestructura básica.


* * *


Epílogo.


No está en el ámbito de sus nuevas responsabilidades, pero la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández, confirmó que el Órgano de Administración Judicial está dando nombramientos como “jueces interinos” a personajes que compitieron por ese cargo en la elección judicial, pero perdieron. *** A la magistrada no le sonó irregular esa medida, pues explicó que se han generado espacios a partir de que algunos jueces se están jubilando o se han incapacitado por alguna enfermedad: “No podemos dejar ese espacio sin ocupar, se debe atender”, aclaró. *** Lo cierto es que el propio Órgano de Administración Judicial está conformado por aspirantes a magistrados que fueron rechazados en las urnas. ¿Qué se puede esperar? *** La protesta se materializó este martes. Luego de ofrecer una conferencia de prensa en el centro de la ciudad, trabajadores de la secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y representantes del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz bloquearon la avenida Enríquez para exigir la reinstalación de seis empleados que fueron despedidos de manera injustificada. *** El secretario general del sindicato Acmed Antonio Galicia Campos señaló que son actos de hostigamiento perpetrados por funcionarios menores que están desde la pasada administración: “Recordemos que en la administración de Cuitláhuac (García) muchos trabajadores sufrieron de este tipo de casos y hostigamientos para hacerlos renunciar, que dejó incrustados en el gobierno de la ingeniera Rocío Nahle. Esos funcionarios vienen desde la pasada administración”. *** Minutos después de que cerraran el paso vehicular, un representante del gobierno estatal invitó a que formaran una comisión para atender sus reclamos. Bien.


filivargas@gmail.com

 
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