Durante la sesión pública realizada por videoconferencia, el proyecto presentado por el magistrado Gilberto Bátiz García fue avalado tras un análisis detallado. La Sala Superior declaró improcedentes los recursos interpuestos y validó el recuento ordenado por las instancias locales. Con ello, el máximo tribunal en materia electoral deja sin margen de maniobra a los inconformes y abre la puerta a que finalmente se conozca con claridad quién ganó en las urnas.
El tribunal subrayó que el análisis realizado por la Sala Regional Xalapa —respecto de la conveniencia del recuento total para garantizar certeza y legalidad— se encuentra estrictamente dentro del ámbito de la legalidad, sin implicar un debate de constitucionalidad o de inaplicación normativa. Dicho de otra forma: la decisión se apega al procedimiento electoral y no admite lecturas políticas amañadas.
Este revés representa la tercera derrota jurídica para Emilio Olvera, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), quien se empeñó en sostener que el pueblo lo respaldó en las urnas, cuando la sociedad pozarricense tenía muy claro que su presunta ventaja surgió de la colusión con grupos criminales. La resolución del TEPJF da la razón a la candidata de Morena, Adanely Rodríguez, quien denunció desde un inicio haber sido víctima de un “robo al despoblado”.
Lo resuelto también coincide con lo advertido en su momento por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García: existían indicios de que la estructura de MC mantenía relaciones turbias con el crimen organizado, lo que explicaba las irregularidades observadas durante la contienda.
La política, sin embargo, no se mueve solo en tribunales. La recomposición que se avecina en Poza Rica traerá consigo una reconfiguración de fuerzas locales. El recuento ordenado no solo confirmará el triunfo legítimo de Rodríguez, sino que también exhibirá a quienes intentaron torcer la voluntad ciudadana con dinero sucio y complicidades.
Hoy, sin la protección de los viejos cacicazgos —los del llamado grupo Tabasco y el clan yunista en Boca del Río—, los operadores de MC enfrentan no la fría indiferencia, sino el gélido aire del glaciar político al que serán confinados. El caso Poza Rica es, pues, una lección: la legalidad puede tardar, pero termina por imponerse.
Al tiempo.
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