Al gobierno del estado le deben parecer muy buenos números: apenas 5 de 212 municipios cancelaron sus actos cívicos conmemorativos de la Independencia de México.
Acaso les pesa más la decisión tomada por los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y de Cerro Azul. Antes de que se conociera la suspensión de los eventos en esos dos municipios, la narrativa de la gobernadora giraba en torno a “decisiones de carácter político” y a que el tema de la violencia era sólo un pretexto.
Esta sugerencia la respaldaba al mencionar que los ayuntamientos de Coxquihui, Zozocolco y Coahuitlán son emanados del Partido Acción Nacional (PAN). El problema es que el alcalde de Cerro Azul, Francisco Javier Medina del Ángel, llegó a esa posición con el patrocinio de un partido “aliado”, el Verde, y -peor aún- el presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Fabián de Jesús Cruz Hernández, pertenece a las filas de Morena.
Lo cierto es que, ya entrados gastos, si el argumento de la “decisión política” ya no iba a funcionar, le hubieran sugerido al “Pulpo” Remes que suspendiera los actos públicos del 15 y el 16 de septiembre. Se hubiera ahorrado la rechifla y los reclamos airados de los pozarricenses, pues a él le atribuyen el fraude en la elección municipal.
Durante el fin de semana, las horas previas a la ceremonia del grito de Independencia y del desfile, tanto Rocío Nahle como Ricardo Ahued se encargaron de descalificar la postura de las autoridades municipales que habían anunciado la suspensión de los actos cívicos. Afirmaban (Nahle y Ahued) que no había motivo para ello, pues las zonas “sensibles” ya estaban siendo protegidas por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
Pues resulta que eso tampoco funcionó.
A pesar de la “coordinación” de las corporaciones federales con la policía estatal, la mañana de este miércoles, en la colonia Veracruz, cerca del acceso al fraccionamiento Casa Geo, en Coatzintla (municipio conurbado con Poza Rica) aparecieron los cuerpos sin vida de dos mujeres. Testigos refieren que presentaban huellas de violencia.
Pocas horas más tarde, en la comunidad Carrizal del municipio de Papantla, dos hermanas fueron asesinadas a balazos dentro de su domicilio. Las víctimas fueron identificadas como Maclovia y Eugenia Sosa, de 55 y 60 años. Eran cuñadas de la agente municipal Antonia Ramírez Pérez.
Testigos narraron que un grupo armado irrumpió en la vivienda y disparó contra las dos mujeres en repetidas ocasiones.
Apenas 24 horas antes se había registrado la ejecución de un hombre en la comunidad Caristay, en el mismo municipio de Papantla.
La violencia en el norte de la entidad ya no se puede minimizar. Las bandas del crimen organizado actúan sin el menor temor a una probable intervención de las fuerzas armadas, lo que sugiere que tienen infiltradas a las corporaciones locales, que les avisan del momento y el lugar donde se realizan los operativos.
Alguien del gobierno estatal debe responder. ¿Qué esperan?
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Epílogo.
Y mientras se ponen de acuerdo sobre lo que deben vigilar en la zona norte de la entidad, en el centro la policía estatal se enfrenta con pobladores que reclaman la injusta detención de tres lugareños. *** Habitantes de la comunidad de Telecingo, municipio de Chocamán se plantaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Córdoba para exigir la liberación de los detenidos. Ante la falta de respuesta, los manifestantes se apoderaron de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y regresaron con ella a su comunidad. *** Sin embargo, cuando llegaron a La Garita fueron interceptados por elementos de la policía. De pronto los uniformados se vieron rodeados por un número importante de pobladores armados que bajaron de la sierra en apoyo de los manifestantes, lo que generó en un intercambio de disparos. *** Problemas que deberían resolverse mediante el diálogo, terminan enfrentando a la policía con la población.
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