La detención de 14 empresarios, marinos y funcionarios, anunciada por Omar García Harfuch, no solo ha exhibido la magnitud del saqueo al erario mediante el robo de gasolinas y evasión fiscal, sino también la fragilidad de un modelo de poder construido al amparo de la complicidad entre autoridades y delincuencia.
Pero también sus tentáculos han alcanzado a personajes veracruzanos de renombre, desde políticos y empresarios vinculados al poder.
Entre los nombres que hoy circulan en los partes informativos del gobierno federal resalta el del oaxaqueño avecindado en Veracruz, Gilberto Bravo Torra, un hombre cuya historia retrata con crudeza el ascenso meteórico que solo es posible en un sistema corroído por la corrupción y la alianza con las bandas delincuenciales.
Según diversos medios de comunicación, de circulación nacional, aseguran que Gilberto Bravo Torra llegó a controlar más de 150 estaciones de servicio, de ahí que también lo estarían investigando por presunto lavado de dinero y distribución de combustible robado, actividades delictivas con las cuales habría amasado una gran fortuna.
Gilberto Bravo ascendió en el mundo de los negocios y la alta sociedad del puerto de Veracruz durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, periodo en el cual se desempeñó como presidente de la Asociación de Crédito de Gasolineros de Veracruz y hoy se mantiene al frente de la Organización de Gasolineros de Veracruz (Ogave).
Lo curioso del caso es que este domingo, algunos sitios de internet manejaron al corporativo FercheGas de la familia Fernández Chedraui –cuya red de gasolineras abarca buena parte de Veracruz y el sureste- y al actual secretario de Desarrollo Económico del Estado, Ernesto Pérez Astorga, a quienes supuestamente se les estaría investigando por estos delitos: huachicol y lavado de dinero.
¿Quién y con qué propósito tendría la intención de involucrar a una de las familias más poderosas en el país? ¿Por qué se acusa sin pruebas?
Lo cierto es que desde hace más de una década opera una intrincada red de huachicol en el estado de Veracruz que se vino a fortalecer con la entrega de los puertos a la Marina.
El modus operandi era el siguiente: el arribo de embarcaciones al puerto de Veracruz para que empresas del sector gasolinero pudieran descargar el hidrocarburo sin contar con documentos que acrediten su origen legal.
Si no logran descargar todo el producto, la embarcación regresa al mar y vuelve al mismo puerto con documentación falsa, repitiendo la acción hasta descargar por completo. En caso de no poder desembarcar el total, el combustible es llevado a Lázaro Cárdenas, Michoacán, un puerto que no cuenta con la infraestructura para este tipo de operaciones.
Por esta razón, muchos empresarios gasolineros también podrían estar embarrados hasta el cuello y sus nombres ya aparecen en carpetas de investigación.
En todo el país operan «al menos 555 empresas que podrían estar relacionadas con conductas presuntamente ilícitas», de acuerdo con la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR). ¿Cuántas de estas son veracruzanas? ¿Cuántos empresarios gasolineros del estado seguirán los pasos de Gilberto Bravo?
Si los gringos siguen apretando al gobierno mexicano, muy pronto lo sabremos…
Huachicol; el robo del siglo promovido por Morena
En el mundo del hampa a nivel de cárteles terroristas hay dos tipos de huachicol: el robo y tráfico de combustible y el huachicol fiscal.
En el primer caso, durante el gobierno de López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) cuantificó un quebranto de tres mil 303 millones 81 mil 348 pesos por robo de combustibles a través de tomas clandestinas.
Pero la cifra sólo considera los casos en los que hubo un dictamen para valuar daños y sólo si se inició una carpeta de investigación, por lo que no tiene la suma de todo lo extraído mediante “ordeña” en el sexenio anterior. Nadie lo sabe, ni lo sabrán.
En la actualidad, el huachicol es la segunda fuente de financiamiento del crimen organizado en México, señala Verónica Ayala, de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Nadie tiene la más remota idea del dinero que pierde el gobierno ni el volumen de dinero que genera a la delincuencia y a los funcionarios involucrados.
En el segundo caso, el llamado huachicol fiscal consiste en introducir gasolina o diésel al país simulando que son lubricantes, alcoholes o aditivos, para evadir el pago de impuestos como el IEPS. Tan sólo en 2024, según cifras de analistas, se ingresaron 18 mil millones de litros de combustible ilegal, lo que significa un quebranto de 177 mil millones de pesos anuales.
Sólo la presión del gobierno de Estados Unidos ha permitido conocer la punta de un inmenso iceberg que amenaza cada vez más con colapsar al gobierno y a una clase política enquistada desde hace décadas, sólo que ahora con otro apellido: Morena.
La gangrena ha alcanzado los más altos niveles de gobierno, de las fuerzas armadas, de los principales líderes políticos, funcionarios públicos y, por supuesto, a un amplio sector de empresarios que se entregaron a la corrupción con tal de participar en el multimillonario negocio.
¿En verdad Claudia Shienbaum hubiera destapado la cloaca si no recibiera la presión y amenaza de los Estados Unidos? ¿Ha sido decisión de ella forzar a la Fiscalía General de la República a liberar cientos de órdenes de aprehensión en contra de toda clase de personajes, incluidos algunos de los más cercanos a López Obrador y su gobierno?
El huachicol, la corrupción y la complicidad del gobierno con la delincuencia organizada siempre ha existido.
La diferencia fundamental es que antes se corrompía y sobornaba a funcionarios del gobierno, en los niveles más altos; en cambio, ahora son los funcionarios los que fungen como los jefes de los cárteles, los que utilizan al Estado para operar como delincuentes, como sucede con los gobernadores y mandos de seguridad en Sinaloa, Tamaulipas y, por supuesto, en Tabasco, donde las evidencias apuntan a que el senador Adán Augusto López era el verdadero líder de “La Barredora”.
El huachicol ha sacado a la luz una corrupción generalizada, en todos los niveles, lo mismo en los gobiernos federal, estatal y municipal. En el Ejército, la Marina, las policías estatales y las municipales. Todos actúan con impunidad lo mismo los nuevos ricos amigos del poder que los viejos empresarios. Las redes de corrupción son inimaginables.
REFLEXIÓN
Canal Once presenta este mes la primera entrega de la serie documental Memoria y olvido, conducida por la historiadora Patricia Galeana, una producción que invita a conocer y rememorar el legado de hombres y mujeres, protagonistas de nuestra historia. Aborda, en su primera entrega, la independencia de México y los personajes que la protagonizaron. A través de una revisión crítica, se muestran algunos momentos de la historia reciente donde se minimizaron, tergiversaron o incluso desacreditaron a figuras clave, como Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz, José María Morelos y Pavón y Leona Vicario. Aquí se demuestra como la 4T ha intentado borrar los pasajes más importantes de nuestra historia. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com |
