Se entiende entonces que es muy importante que el organismo fiscalizador por excelencia aplique controles aún más rigurosos en el desempeño de sus propias funciones y en la actuación de sus funcionarios y empleados, para preservar la confianza de sus estudios y observaciones.
Parte importante de esa confianza se gana con la aplicación de un código de honestidad y de medidas estrictas para garantizar que bajo ninguna circunstancia pueda quedar el arca abierta, en la que hasta los justos pecan.
El pasado lunes 20 de octubre, la titular del Orfis, maestra Delia González Cobos, envió un comunicado urgente a las presidentas y los presidentes municipales,
mediante el cual les manifiesta su “compromiso indeclinable con la transparencia y la rendición de cuentas” y les recuerda que en reiteradas ocasiones les ha comentado que no ha permitido ni permitirá que en la “labor de fiscalización del Orfis se den prácticas contrarias a derecho que tengan como objetivo un beneficio particular de quien revisa, de aquéllos que supervisan o validan un resultado ni, mucho menos, de gente externa al Orfis”.
La Auditora General recomienda a los ediles que estén “atentos y no dejarse sorprender si en el supuesto nombre de la suscrita alguna persona les sugiere llegar a un arreglo mediante la concesión de un beneficio para llevar a cabo determinado tramite, audiencia, procedimiento o solventación, o para conseguir un resultado no apegado a la legalidad”.
Igualmente, la maestra González Cobos conmina a las autoridades municipales para que “no se dejen engañar bajo el falso argumento de obtener alguna reducción en los montos derivados de la fiscalización superior”.
Frente a ese comunicado tan preciso y claro, en los ayuntamientos confirman que con el Orfis no queda más que actuar de acuerdo con las normas y no tratar de busca renglones torcidos, porque ahí no cuentan las triquiñuelas.
¿Queda claro?
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