La vida, ciertamente, da vueltas. Hoy, enero de 2026, la misma persona ocupa la presidencia municipal de Boca del Río. El dato no es menor ni anecdótico: habla de la capacidad del sistema político mexicano para reciclar perfiles y de la corta memoria institucional cuando el cálculo electoral conviene.

No se discute aquí su derecho legal a participar en la vida pública. La ley se cumplió en su momento. El punto es otro: el ético y el simbólico. Gobernar, sobre todo en un municipio de alto perfil mediático, no solo exige legalidad, sino autoridad moral. Y esa no se construye con sudaderas ni sesiones fotográficas.
La trayectoria política de Gamboa es extensa: diputada local en dos legislaturas, diputada federal, funcionaria municipal, comunicadora de larga data. Nadie puede decir que llegó por accidente. Pero tampoco se puede exigir al ciudadano que haga borrón y cuenta nueva cuando los episodios del pasado han sido tan reiteradamente polémicos.
En 2019, su nombre volvió a ocupar titulares por su participación en la comisión legislativa que debía decidir sobre el juicio político contra Jorge Winckler, el exfiscal Yunista que había sido su abogado defensor. El conflicto de interés fue evidente, aunque políticamente administrado. Ese mismo año se viralizaron videos donde se le observa agrediendo a un abogado y a personal de seguridad del Congreso, con señalamientos explícitos de consumo de alcohol. El mote de “Lady diputada” no surgió de la nada.
Nada de esto es linchamiento. Es contexto. Y el contexto importa cuando se ejerce poder público. Más aún cuando se pretende encabezar —simbólicamente— a una policía municipal, institución que debería representar legalidad, disciplina y respeto a la ley.
La pregunta de fondo no es si Mari José Gamboa puede gobernar. La ley ya respondió eso. La pregunta es si entiende el peso de su historia personal en el ejercicio del cargo y si su gobierno será capaz de actuar con prudencia, mesura y responsabilidad institucional. Boca del Río no necesita espectáculos ni poses; necesita seguridad real, servidores públicos sobrios y autoridad creíble.
Las imágenes oficiales no deben provocar inquietud ni ironía, sino confianza. Cuando ocurre lo contrario, algo falla en el mensaje… o en el mensajero. O en ambos.
Ojalá la experiencia —toda, la buena y la mala— haya servido para madurar el ejercicio del poder. Porque Boca del Río no está para revivir apodos ni episodios vergonzosos. Está para exigir resultados y conducta pública intachable.
La ciudadanía observa. Y la memoria, aunque a algunos les incomode, sigue teniendo muy buena vista. |