La corrupción sigue apareciendo con números y magnitudes de cuidado. Algo sigue fallando, ya que a juzgar por los resultados, el objetivo preventivo está muy lejos de lograrse.
Un punto en el que los diputados guardaron silencio —o simplemente no advirtieron— fue qué pasó o qué pasará con la enorme diferencia entre los más de 2 mil 372 millones de pesos detectados como presunto daño patrimonial y los apenas 54 millones recuperados.
Se destaca el uso de tecnología como el Buzón Fiscalizador, la coordinación con la ASF y el Sistema Estatal Anticorrupción (otra vaca que no da leche), así como las acciones de capacitación y participación ciudadana. Pero de qué ha servido todo eso si los corruptos siguen haciendo de las suyas. Se dan nombres de “charales”, de municipios pobres que, evidentemente, están muy lejos de haber manejado recursos sustraídos ilegalmente por casi 2 mil 400 millones de pesos.
Los legisladores cuestionaron de manera tibia sobre irregularidades recurrentes, las ya conocidas, deuda pública, sanciones, obras observadas y mecanismos para fortalecer la fiscalización y el combate a la corrupción. Pero los nombres de los verdaderos tiburones ni suenan, y no les interesó conocerlos a los diputados.
Lo que sí consta es que, según información pública, Delia González Cobos se ha cansado de repetir recomendaciones fundamentales para abatir la corrupción en la Comisión legislativa de Vigilancia, pero allí -tal vez por conveniencia política- le han dado la espalda.
El árbol de la generalidad volvió a tapar una vez más el bosque. El ORFIS no resultó la solución esperada, pero no es por su culpa sino de los partidos políticos que le hacen compadre.
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