En efecto, la batalla que libra en estos momentos el exgobernador Javier Duarte de Ochoa es un duelo de estrategias jurídicas.
La intención de la Fiscalía General de la República (FGR) es evitar que el 15 de abril, una vez cumplida la totalidad de su sentencia, el exmandatario veracruzano quede en libertad.
Para conseguirlo, sin embargo, han tenido que realizar un largo recorrido. Sacaron del fondo de un cajón, lleno de polvo, el expediente que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las irregularidades detectadas en la revisión a las cuentas públicas de los años en los que Javier Duarte estuvo al frente del gobierno del estado.
Una vez con ese documento en su poder, los fiscales se toparon con dos problemas: el primero, que en toda esa documentación no existe suficiente material probatorio en contra de Javier Duarte, aunque consideraron revivir a su “testigo protegido”, Tarek Abdalá Saad, para incorporar sus testimonios y “darle forma” a la denuncia.
El otro problema es el que los tiene hoy, a los fiscales, desesperados: para poder proceder en contra de Javier Duarte requirieron obtener el permiso de Guatemala (pues así lo establece el convenio en materia de extradición entre ambos países) y ese no es un trámite sencillo, y tampoco rápido.
El primer susto se lo llevaron cuando fueron informados de que el exgobernador de Veracruz había iniciado las gestiones para obtener lo que en derecho le corresponde: su libertad anticipada.
Ellos no tenían armado aún el nuevo caso en su contra y era indispensable mantenerlo en prisión, por lo que acudieron a las más altas instancias, con el fin de que desde las más altas esferas del Poder Judicial se le diera “línea” a la juez que resolvería la solicitud de preliberación.
Con mucho esfuerzo, tras largas horas de debate, finalmente consiguieron frenar la salida de Javier Duarte. Tocaba ahora apretar el ritmo para tener un caso sólido antes del mes de abril.
Eso es lo que los tiene ahora preocupados.
Tienen muy claro que el equipo de abogados que lleva la defensa de Javier Duarte -Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Cout Arteaga- es muy competente y lo están confirmando ahí, en barandilla.
La defensa de Javier Duarte entiende que la FGR tiene el tiempo en su contra… y juega con el reloj.
Este lunes estaba programada una audiencia en la que la FGE presentaría una nueva imputación contra Javier Duarte por el probable delito de peculado de cinco millones de pesos (cifra irrisoria, pues la propia ASF ha hablado de inconsistencias superiores a los 35 mil millones de pesos), pero se tuvo que suspender, porque los abogados defensores avisaron con suficiente anticipación que se encontraban internados en un hospital.
Al presentarse ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, Javier Duarte solicitó aplazar la porque no podían estar presentes sus abogados.
“No existe impedimento para que se difiera la audiencia como se hizo en dos ocasiones -argumentó Duarte-. Solicito que en esta ponderación se pueda privilegiar el derecho a la salud. Desde hace 10 años me han venido representando Pablo Campuzano y Gerardo Cout Arteaga (…) creo que una defensa adecuada y el derecho a la salud no puede estar por encima de esta audiencia”.
Y debido a que esa misma audiencia había sido aplazada ya en otras dos ocasiones, el fiscal Julián Antonio Cobos Castillo, pidió al juez realizar la diligencia y asignarle un defensor de oficio.
“Consideramos que son tácticas dilatorias para no llevar a cabo la audiencia. Que se le asigne un defensor público”, demandó el fiscal.
El juez finalmente concedió el aplazamiento de la audiencia y los fiscales ahora cuentan los días, para saber si les dará tiempo para conseguir la vinculación de Javier Duarte a un nuevo proceso (lo que implicaría prisión preventiva oficiosa, pues le atribuirían el delito de “corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, contenido en el artículo 19 de la Constitución) o se llega el día en que se cumple la actual sentencia y el exgobernador de Veracruz obtiene su libertad.
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Epílogo.
La inseguridad no es -como algunos pretenden hacerlo ver- un tema de “campaña negra” contra el gobierno de Rocío Nahle. Se trata de algo tangible, que padecen los veracruzanos en su día a día. *** Este lunes el secretario general de la Sección 56 del SNTE, José Reveriano Marín Hernández, informó que hasta sus oficinas han llegado quejas por las condiciones de riesgo o inseguridad que enfrentan los maestros. *** El líder sindical afirmó que el sindicato ha recibido hasta 15 solicitudes relacionadas con las condiciones de inseguridad, especialmente de quienes laboran en la zona de las Altas Montañas, o en otras regiones serranas. *** ¿A ellos también les dirán que el estado “está en calma”?
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