La sentencia original fue producto del trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión. No fue una resolución improvisada ni mediática; fue resultado de un proceso penal oral con pruebas valoradas bajo los estándares del sistema acusatorio.
Pero cuando la técnica se vuelve indiferencia, deja de ser virtud y se convierte en coartada.
El secuestro no es un ejercicio académico. No ocurre en horarios quirúrgicamente sincronizados ni en relatos perfectamente alineados. Ocurre en minutos de terror, en llamadas entrecortadas, en víctimas que reconstruyen hechos bajo trauma. Pretender que la memoria de quien ha vivido violencia extrema responda con precisión milimétrica es desconocer la realidad humana del delito. Y peor aún: es convertir la fragilidad de la víctima en ventaja procesal para quien enfrenta la acusación.
Cuando una resolución privilegia la forma sobre el fondo, cuando un tecnicismo se erige por encima de un conjunto probatorio integral, el mensaje social es devastador: que el sufrimiento puede quedar subordinado a la filigrana argumentativa. Que la lógica del expediente pesa más que la lógica de la vida.
La suspensión temporal decretada por el Tribunal de Disciplina Judicial no es un gesto simbólico. Es el reconocimiento institucional de que algo falló, algo que sienta un muy mal precedente. Y no hablamos de un error menor de redacción o de criterio debatible. Hablamos de una decisión que impacta directamente en la percepción de seguridad y en la confianza pública en los tribunales.
Aquí no se trata de linchamiento mediático. Se trata de responsabilidad institucional. El Poder Judicial de Veracruz necesita una revisión profunda de sus procesos de selección, evaluación y supervisión. La independencia judicial no puede ser escudo de la incompetencia ni de la insensibilidad. Tampoco puede blindar interpretaciones que, bajo el ropaje de la técnica, erosionan la confianza ciudadana.
La presidencia del Tribunal enfrenta una responsabilidad histórica: garantizar que quienes juzgan no solo dominen códigos y precedentes, sino que comprendan la dimensión social de sus decisiones. La justicia no se mide únicamente en artículos invocados, sino en la confianza que genera. Y hoy esa confianza ha sido golpeada con fuerza.
Porque una justicia que no entiende el dolor termina normalizando la impunidad.
Veracruz no necesita jueces fríos, parapetados en formalismos.
Necesita jueces valientes, preparados y profundamente humanos.
Solo así la técnica dejará de ser indiferencia y volverá a ser justicia.
Al tiempo.
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