NOVENA Y ÚLTIMA PARTE

Como periodista con más de medio siglo observando el teatro de la política, podemos afirmar que nada daña más a un proyecto de cambio que la incongruencia de sus protagonistas. El nefasto Martín Aguilar Sánchez llegó a la rectoría con la bandera de la ética y los derechos humanos, pero su gestión terminará marcada por la defensa a ultranza de su permanencia y su beneficio económico personal. No se puede predicar la transformación desde un pedestal de privilegios que la ley ya ha empezado a demoler en otras instancias del servicio público.

La reforma al artículo 127 recientemente aprobada en el Congreso de Veracruz y la ley local de austeridad no son ataques a la universidad; son defensas de la sociedad contra el abuso del poder. La autonomía universitaria debe ser rescatada de quienes la han convertido en un búnker de intereses privados. Veracruz necesita una universidad que gaste en laboratorios, no en jubilaciones de lujo; que invierta en sus alumnos, no en blindar el futuro de sus funcionarios.

La gobernadora Rocío Nahle tiene ante sí el reto de hacer valer la ley sin vulnerar la esencia de la universidad. Pero la mayor responsabilidad recae en la propia comunidad universitaria. Es hora de que estudiantes y académicos exijan una rendición de cuentas real, que no se limite a leer hojas de cálculo con entusiasmo burocrático, sino que explique por qué se permite que la cima de la pirámide viva con excesos mientras la base sufre las carencias de un presupuesto que nunca parece alcanzar para lo importante.

La ética pública no admite medias tintas: o se sirve al interés general o se sirve al bolsillo propio, y en la Universidad Veracruzana, el Rector parece haber elegido lo segundo.

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