Lo más alarmante no es únicamente el tamaño de la crisis, sino la capacidad institucional para acostumbrarse a ella. El propio Gobierno federal reconoció recientemente que existen más de 394 mil registros históricos relacionados con desapariciones y que más de 132 mil personas continúan sin ser localizadas. De esos casos, decenas de miles ni siquiera cuentan con información suficiente para ser buscados correctamente.
La burocracia también desaparece personas.
Hay expedientes archivados, carpetas sin avances, cuerpos sin identificar y fiscalías rebasadas. Y mientras las autoridades debaten cifras, metodologías o depuración de registros, son las madres quienes terminan haciendo trabajo forense, rastreando fosas clandestinas, pegando fichas y organizando búsquedas con recursos propios.
México ha llegado a un punto incómodo: las madres buscadoras se convirtieron en símbolo nacional de resistencia, pero también en evidencia permanente del fracaso del Estado.
La tragedia ya no pertenece únicamente a regiones marcadas históricamente por el crimen organizado. Hoy el miedo se instaló prácticamente en cualquier parte del país. En Poza Rica, por ejemplo, la percepción de inseguridad y la preocupación por las desapariciones forman parte cotidiana de la conversación social. Familias enteras viven con la angustia de no saber si sus hijos volverán a casa.
Y quizá lo más cruel del fenómeno sea el desgaste silencioso. Muchas madres han muerto buscando. Otras envejecen recorriendo fiscalías, semefos y predios abandonados. Algunas encuentran restos. Muchas otras ni siquiera consiguen respuestas.
Cada 10 de mayo, México presume su culto cultural a la maternidad, pero al mismo tiempo permite que miles de madres recorran el país convertidas en investigadoras, peritos y activistas improvisadas.
Porque mientras unos celebran, otras siguen preguntando lo mismo desde hace años: ¿dónde están?
Y el problema no es únicamente que el Estado no tenga respuestas. El problema es que el país empieza a acostumbrarse a vivir sin ellas.
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